Frenan orden de captura contra Silvano Aureoles; le otorgan suspensión provisional
Un secretario en funciones de juez federal concedió una suspensión provisional que detiene momentáneamente la ejecución de la orden de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, investigado por delitos relacionados con corrupción en la compra de cuarteles para la Guardia Civil en esa entidad.
La medida fue emitida por el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal, que admitió a trámite la demanda de amparo promovida por el exmandatario estatal. La resolución establece que "se concede la suspensión provisional para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y no se haga efectiva la orden de arresto", hasta que se determine si procede la suspensión definitiva. Como condición, Aureoles deberá presentar una garantía económica de 52 mil pesos en un plazo de cinco días.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Aureoles Conejo de peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo con la investigación, él y cuatro de sus excolaboradores provocaron un daño patrimonial de 3 mil 400 millones de pesos al erario federal y estatal, al adquirir a sobreprecio instalaciones para la Guardia Civil en municipios como Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
En marzo pasado, la jueza federal Patricia Sánchez Nava vinculó a proceso a los exfuncionarios Carlos Maldonado, José Antonio Bernal Bustamante, Mario Delgado Murillo y Elizabeth Villegas Pineda, señalados por su participación en estos hechos. A los imputados se les atribuyen los delitos de peculado, administración fraudulenta, asociación delictuosa y lavado de dinero. El plazo para la investigación complementaria fue fijado en tres meses.
Durante la audiencia, la defensa presentó un acuerdo reparatorio firmado en noviembre por la empresa Inmobiliaria DIP S. A. de C. V., responsable de construir los cuarteles. El acuerdo, por un monto de 970 millones 976 mil 940 pesos, fue celebrado con el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. No obstante, la jueza determinó que el convenio no puede beneficiar a los funcionarios acusados, ya que se firmó antes de que el caso llegara a tribunales.
Con la suspensión provisional concedida, Silvano Aureoles evitará ser detenido por el momento, incluso si en su contra se dictara prisión preventiva justificada. La resolución definitiva sobre la suspensión será clave para definir su situación legal en las próximas semanas.
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