Gobierno federal elimina contrapesos y deja órganos clave sin presupuesto
Con el argumento de ahorrar recursos, el gobierno federal ha desaparecido este año varios órganos autónomos que actuaban como contrapesos al poder, absorbiendo sus presupuestos anuales y dejando vacíos financieros en sus sucesores.
Las reformas constitucionales aprobadas en 2024 por la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso eliminaron la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Las funciones de estos órganos fueron transferidas a dependencias federales o a nuevos órganos descentralizados y desconcentrados. Durante 2025 se aplicó un presupuesto de transición, pero para 2026 los recursos asignados a los nuevos órganos son mínimos: apenas 261 millones de pesos en total, y ningún peso para la Comisión Nacional Antimonopolio, que debe asumir facultades de competencia previamente ejercidas por Cofece y el IFT.
El nuevo órgano Transparencia para el Pueblo, que sustituye al INAI, recibirá apenas 25 millones de pesos, cantidad que expertos como la exdiputada María Elena Pérez-Jaén consideran insuficiente para mantener la Plataforma Nacional de Transparencia, base de datos histórica de información pública de más de 800 sujetos obligados. Pérez-Jaén advierte que esta reducción presupuestal pone en riesgo la continuidad de derechos ciudadanos fundamentales y favorece la opacidad gubernamental.
En telecomunicaciones, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) inició operaciones tras la publicación de su reglamento interior el 25 de noviembre, pero tampoco tiene asignado presupuesto claro para 2026. La CRT heredará estructuras del IFT, con cinco comisionados y múltiples direcciones ejecutivas y generales, pero sin recursos suficientes para operar de manera independiente, mientras que las facultades de competencia en telecomunicaciones se mantienen bajo la Comisión Antimonopolio.
El IFT vivió una "agonía presupuestal" antes de desaparecer en octubre pasado. Para 2025 se le asignaron solamente 500 millones de pesos, insuficientes para cubrir nómina y operaciones, y tuvo que recurrir a fideicomisos y porcentajes de concesiones del espectro radioeléctrico para liquidar finiquitos.
Expertos y exfuncionarios denuncian que estas medidas muestran un patrón de estrangulamiento presupuestal a instituciones incómodas para el gobierno, debilitando la transparencia y los mecanismos de control ciudadano. "Los 25 millones destinados a Transparencia para el Pueblo no alcanzan para mantener la Plataforma Nacional de Transparencia; están intentando desactivar estas instituciones y menguar los derechos de acceso a la información", declaró Pérez-Jaén.
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