INE, Gobernación y SSPC preparan convenio a fin de blindar elecciones judiciales

El Instituto Nacional Electoral (INE) trabaja en la firma de un convenio de colaboración con la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para establecer un protocolo de seguridad que garantice la protección de las campañas y la jornada electoral en el próximo proceso de elección judicial.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, informó que ya se llevó a cabo una primera reunión con la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, y con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en la que se avanzó en los últimos detalles jurídicos para la firma del acuerdo. "Ya está en marcha el convenio, que se encuentra en los últimos ajustes jurídicos para que sea firmado y se cuente con un protocolo de actuación de parte de todo el cuerpo de seguridad federal en coordinación con las autoridades estatales y municipales, como lo hicimos en el proceso electoral pasado", señaló Taddei.

Este convenio, que el INE suscribe en cada proceso electoral por orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tiene como objetivo prevenir y actuar ante posibles hechos de violencia o injerencia del crimen organizado en el desarrollo de las campañas y la jornada electoral. El protocolo incluirá medidas de protección tanto para candidatas y candidatos, como para el personal electoral de campo y las instalaciones del INE en todo el país.

Taddei destacó que, a diferencia de una elección ordinaria, la contienda judicial tendrá menor actividad de campaña debido a la falta de financiamiento público y privado, lo que modificará las estrategias de seguridad. "Como sabemos, la campaña será menos intensa que en los procesos ordinarios, eso configura un contexto distinto donde no hay movilizaciones, concentraciones ni mítines, y esto hace que el manejo de seguridad también sea diferente", explicó.

Además, se estableció que las candidaturas podrán solicitar protección de manera personal, y serán las autoridades del gobierno federal quienes determinen la estrategia de actuación en cada caso. Una vez que se firme el convenio, quedará definida la coordinación y los procedimientos para alertar a las autoridades ante posibles riesgos para la integridad de los candidatos. 

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