Juez federal rechaza petición del INE para revocar suspensión contra reforma judicial
Un juez federal desestimó la solicitud del Instituto Nacional Electoral (INE) para anular la suspensión definitiva que protege a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) contra la implementación de la reforma judicial.
Sergio Santamaría Chamú, juez primero de Distrito con sede en Michoacán, resolvió que no existe un hecho superveniente que justifique revocar las medidas cautelares otorgadas a la Jufed.
El INE argumentó que diversas resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenan la continuación del proceso electoral extraordinario para la elección de jueces, magistrados y ministros en junio de 2025. Sin embargo, el juez determinó que dichas resoluciones carecen de fuerza jurídica vinculante en este contexto, ya que no se emitieron dentro de un proceso legalmente establecido.
En su resolución, el juez Santamaría Chamú advirtió al INE sobre el uso de las resoluciones del TEPJF como fundamento para intentar revertir la suspensión, señalando que esto constituye una "excusa" para incumplir con las medidas cautelares dictadas. Según el juzgador, las decisiones del Tribunal no tienen efectos vinculantes porque se emitieron en un cuaderno que no está previsto en la legislación, lo que consideró una violación al Estado democrático.
"[…] No ha lugar a modificar o revocar las suspensiones definitivas decretadas en este incidente de suspensión, ya que con el dictado de las resoluciones que indica no actualiza un hecho superveniente que motive tal proceder, como lo exige el ordinal 154 de la Ley de Amparo", indicó en el acuerdo.
El impartidor de justicia subrayó que los pronunciamientos de la Sala Superior en el expediente SUP-AG-632/2024 y sus acumulados no tienen carácter obligatorio para los órganos de control constitucional en materia de amparo. Además, puntualizó que la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral no contempla un procedimiento que permita al TEPJF resolver sobre actos de control constitucional que excedan su competencia.
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