La de Sinaloa, una Fiscalía “autónoma” atada al “consejo” del gobernador

Una sugerencia a través de una llamada telefónica fue suficiente motivo para que Sara Bruna Quiñónez Estrada dejará su cargo como fiscal de Sinaloa. La llamada salió del gobernador Rubén Rocha Moya. Él le “aconsejó” separarse del cargo, presentar su renuncia. Todo esto como compañeros del movimiento, no como gobernador. Y así fue.

“Yo hablé con ella, yo le pedí como compañero de equipo, no como gobernador, porque a mí no me corresponde pedir”, dijo a medios locales cuando fue cuestionado sobre la renuncia. Horas antes, el mismo gobernador fue el primero en informar

Lo dijo antes que nadie. Esto, en medio del velo de dudas que cubre el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, su rival político, caso que la Fiscalía General de la República (FGR) absorbió, y cuyo informe evidenció graves omisiones de la dependencia hasta entonces a cargo de Sara Bruna.

Sin embargo, con la renuncia de Quiñónez Estrada la vacancia en el cargo de fiscal general de Sinaloa no es nueva durante los casi tres años de ejercicio del poder de Rubén Rocha Moya. Va por su tercer nombramiento. Antes que Sara Quiñónez, Juan José Ríos Estavillo presentó también su renuncia voluntaria. Iba por su cuarto año de los siete para los que fue electo por el Congreso de Sinaloa.

La Fiscalía General del Estado (FGE) es un órgano autónomo. Su titular es elegido por el Congreso Estatal, luego de recibir una terna seleccionada por el Poder Ejecutivo. Esto ocurre a partir de una reforma que dio autonomía a la hasta entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), cuyo titular duraba en el cargo seis años y era renovado cada cambio de gobierno estatal.

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