Maru Campos se niega a declarar como testigo ante la FGR

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, se presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) para atender un citatorio relacionado con la investigación sobre la presencia de agentes estadounidenses en un operativo estatal; sin embargo, se negó a rendir entrevista en calidad de testigo.

La mandataria panista acudió ante el agente del Ministerio Público federal Julio César Jaimes Carmona, aunque calificó el citatorio como “ambiguo, internamente incongruente y carente de la debida fundamentación y motivación”.

En un oficio entregado a la autoridad federal, Campos dejó en claro que no aceptaría participar en diligencias ministeriales bajo la figura de testigo.

“No comparezco para rendir entrevista en calidad de testigo ni para sujetarme a acto de investigación alguno. Acudo para responder a un oficio que contiene un citatorio ambiguo, internamente incongruente y carente de la debida fundamentación y motivación”, señaló la gobernadora en el documento.

La titular del Ejecutivo estatal sostuvo que existe disposición de colaborar con las investigaciones federales, aunque precisó que ello no implica un “sometimiento, fáctico o legal”. Asimismo, expresó que el gobierno de Chihuahua responderá a las solicitudes de información que sean enviadas formalmente por las autoridades federales.

Campos argumentó además que la legislación vigente no otorga facultades a la Fiscalía para citar a gobernadores en este tipo de procedimientos, por lo que consideró improcedente el requerimiento ministerial.

También cuestionó que el citatorio no especificara claramente el objetivo de la diligencia y advirtió sobre posibles riesgos jurídicos derivados de la forma en que fue planteada su comparecencia.

“El Código Nacional reconoce que el testigo no está obligado a declarar sobre hechos por los que se le pueda fincar responsabilidad penal”, expuso.

Añadió que la citación mezcla las figuras de testigo e imputado, lo que, a su consideración, podría derivar en una diligencia “materialmente preimputativa” encubierta bajo el formato de entrevista ministerial.

“Ese riesgo afecta mi esfera jurídica como persona, pero, sobre todo, la función y las garantías institucionales del cargo que me ha sido conferido”, concluyó la gobernadora.

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