Más de 10 mil empleados federales han incumplido con informar sobre su patrimonio en 7 años: SFP
En los últimos siete años, desde la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha sancionado a más de 10 mil empleados federales por no presentar su declaración patrimonial. De estos, 243 han sido destituidos de su cargo y más de 4 mil 800 fueron inhabilitados.
Entre 2017 y 2024, servidores públicos de 228 dependencias han cometido esta falta, considerada no grave, de no informar sobre sus bienes y patrimonio personal. Las cifras incluyen el último año del sexenio anterior y más de cinco años del actual gobierno.
Durante este periodo, se destacan las sanciones a empleados de la Presidencia de la República, con 69 casos, de los cuales 55 resultaron en inhabilitaciones, cinco en suspensiones y nueve en amonestaciones. En la Secretaría de Gobernación, se han aplicado 375 sanciones, incluyendo 15 destituciones y 109 inhabilitaciones.
El 18 de julio, la SFP informó en un boletín de prensa que, en el actual sexenio, se sancionó a 7 mil 124 empleados federales por incumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial. Esto significa que más de 3 mil sanciones corresponden al último año y medio del sexenio de Enrique Peña Nieto.
Según información estadística proporcionada por la SFP a Milenio, desde julio de 2017 a mayo de 2024, las instituciones con más sanciones por esta causa son el Servicio de Protección Federal (SPF), el ISSSTE y el Instituto Nacional de Migración (INM). En el SPF, 709 empleados fueron sancionados, incluyendo 257 suspensiones, 204 inhabilitaciones y 198 amonestaciones públicas. En el ISSSTE, 603 trabajadores recibieron sanciones, con 273 inhabilitaciones y 271 suspensiones. En el INM, se aplicaron 528 sanciones, de las cuales 278 fueron inhabilitaciones.
Las sanciones más severas, como la destitución del cargo, se han aplicado en el IMSS, Liconsa y la misma Secretaría de la Función Pública. En el IMSS, 41 servidores públicos fueron destituidos desde 2017; en la SFP, 26; y en Liconsa, 16. Otras dependencias con destituciones incluyen Pemex y Pemex Exploración y Producción (22 casos en total), Prevención y Readaptación Social y Gobernación (15 cada una), el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Registro Agrario Nacional (10 cada uno).
Después de las destituciones, las inhabilitaciones son el castigo más severo y el más numeroso. Las instituciones con más inhabilitaciones incluyen el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con 291 casos; el INM, con 278; la Guardia Nacional, con 276; el ISSSTE, con 273; el SPF, con 254; y el IMSS, con 253.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas, que entró en vigor el 19 de julio de 2017, introdujo la obligación de presentar la declaración patrimonial y de intereses para todos los servidores públicos, sin importar su nivel. Aunque la ley entró en vigor en 2017, fue hasta 2020 cuando el Sistema Nacional Anticorrupción aprobó los nuevos formatos para la presentación de las declaraciones patrimoniales, aumentando el número de empleados federales que deben cumplir con este trámite de 350 mil a más de un millón 600 mil.
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