Niegan libertad a excolaborador de Silvano Aureoles
Un tribunal federal determinó mantener en prisión preventiva a Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, quien enfrenta un proceso penal por su presunta participación en la contratación irregular de siete cuarteles para la Policía Estatal, con un costo superior a los 3 mil 412 millones de pesos.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México desechó la queja interpuesta por Delgado Murillo, quien buscaba revertir la medida cautelar impuesta por la jueza de control Patricia Sánchez Nava, el pasado 7 de marzo. En esa fecha, la juzgadora lo vinculó a proceso y ordenó su ingreso al penal, al considerar que existía un alto riesgo de fuga.
Aunque el exfuncionario presentó un amparo para obtener su liberación, la jueza Noveno de Distrito en Materia Penal, Jovita Vargas Alarcón, solo le concedió una suspensión provisional limitada, que no implicaba su excarcelación inmediata.
La suspensión establecía que su situación jurídica debía seguir bajo la jurisdicción de la jueza del proceso penal.
La queja presentada posteriormente fue considerada infundada por el tribunal colegiado, que concluyó que no se acreditaban los elementos necesarios para modificar la medida cautelar.
Asimismo, determinó que no existía un riesgo inminente de vulneración a sus garantías constitucionales.
“El análisis sobre la constitucionalidad de la prisión preventiva debe realizarse en la sentencia de fondo del juicio de amparo, no en la etapa suspensional del proceso”, indicaron los magistrados, mientras añadieron que las razones esgrimidas por la jueza de control deben examinarse en la resolución final.
Por su parte, Delgado Murillo enfrenta acusaciones por los delitos de peculado, administración fraudulenta, asociación delictuosa y lavado de dinero.
Las investigaciones señalan que no actuó solo, otros exfuncionarios de la administración del exgobernador Silvano Aureoles también han sido implicados, entre ellos: Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; J. Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública, y Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la SSP.
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