Nueva reforma judicial no corrige el problema de acceso a la justicia: Barra de Abogados
La nueva reforma judicial propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum no corrige los problemas estructurales de acceso a la justicia ni los problemas que dejó la primera reforma, a la vez que profundiza la incertidumbre institucional y jurídica de México, consideró la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA).
En un comunicado oficial, la BMA coincidió en que se debía aplazar la segunda elección judicial al 2028, pero enfatizó en que se necesita una política pública que favorezca a los candidatos que estén más preparados por encima de aquellos que no cumplen con estas cualidades. Eso, advierten, no está considerado en la nueva iniciativa de Sheinbaum.
“La función jurisdiccional constituye una de las tareas más complejas y especializadas del Estado. Los cargos de jueces y magistrados exigen preparación técnica, independencia, experiencia judicial y un conocimiento profundo de la ciencia del Derecho (...) La iniciativa presentada omite atender este problema de fondo continuando con la sustitución progresiva de un sistema de carrera judicial basado en mérito, exámenes, experiencia y especialización por una que contempla mecanismos que privilegian factores ajenos a la capacidad técnica indispensable para impartir justicia”, apuntó dicha organización.
PRONUNCIAMIENTO DE LA BARRA MEXICANA, COLEGIO DE ABOGADOS,
— Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C. (@BMA_Abogados) May 25, 2026
SOBRE LA INICIATIVA PARA MODIFICAR LA REFORMA JUDICIAL pic.twitter.com/HOj2eRdArD
También, el Colegio sostiene que la impartición de justicia no puede equipararse a un ejercicio de representación política, señalando que las personas juzgadoras no son “delegados de intereses mayoritarios ni operadores políticos”, sino garantes de la Constitución.
“Debilitar los estándares técnicos de integración del Poder Judicial compromete inevitablemente la calidad y temporalidad de las resoluciones judiciales y erosiona la confianza en las instituciones”, agrega el comunicado.
“La incertidumbre derivada de las modificaciones al sistema judicial ha contribuido al deterioro de la percepción de seguridad jurídica en México, afectando negativamente las condiciones para la inversión nacional y extranjera. Ninguna economía moderna puede sostener niveles adecuados de crecimiento cuando los inversionistas carecen de confianza en tribunales al dejar de ser independientes, técnicamente competentes y capaces de resolver controversias conforme a derecho”.
Haciendo una crítica que se puso sobre la mesa desde la primera reforma judicial, la Barra añadió que la nueva iniciativa tampoco ofrece mecanismos para responder a la necesidad de reglas claras, estabilidad institucional y órganos jurisdiccionales confiables para la inversión extranjera.
Por el contrario, agrega, incrementa la percepción de incertidumbre respecto de la y profesionalización de los juzgadores.
“La legitimidad democrática de los jueces no deriva de su popularidad electoral, sino de su independencia, imparcialidad, capacidad técnica y sujeción estricta al orden constitucional (...) La protección y defensa a los derechos humanos no depende de que un juzgador haya sido electo mediante voto popular, sino de que sus decisiones sean previsibles, profesionales, autónomas y fundadas en derecho”, agrega.
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