Rafael Zaga Tawil busca ser liberado en EE. UU.; alega “detención ilegal”
Rafael Zaga Tawil, empresario mexicano, promovió un recurso legal en Estados Unidos para obtener su liberación, al argumentar que se encuentra bajo una “detención ilegal” por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), autoridad que lo mantiene bajo custodia desde hace varios días.
De acuerdo con documentos judiciales a los que tuvo acceso Milenio, la defensa del empresario interpuso un recurso de habeas corpus, en el que sostiene que su cliente permanece detenido de manera indebida en el Centro de Detención del Condado de Glades.
La demanda fue presentada contra diversos funcionarios estadounidenses, entre ellos la guardia del centro de detención, Patricia Cardinal; el director interino del ICE, Todd Lyons; así como el secretario de Seguridad Interna, Markwayne Mullin, además de otros integrantes de la división de Operaciones de Remoción y Aplicación de la Ley (ERO).
Zaga Tawil enfrenta en Estados Unidos un proceso de remoción migratoria. Paralelamente, en México es requerido por la Fiscalía General de la República (FGR), que lo acusa de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionadas con un presunto daño por 5 mil millones de dólares en perjuicio del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
Según la investigación de las autoridades mexicanas, en 2014 la empresa Telra Realty firmó un contrato con el Infonavit, el cual posteriormente fue rescindido. Sin embargo, dicha cancelación derivó en un pago por 5 mil millones de pesos a la compañía, recursos que, de acuerdo con la FGR, habrían sido entregados de forma irregular, ya que la firma no cumplía con los requisitos necesarios para la adjudicación del contrato.
En el proceso judicial en Estados Unidos, el juez del caso fijó como fecha límite el próximo 15 de abril para que el gobierno estadounidense presente su respuesta a la solicitud de liberación. Posteriormente, la defensa de Zaga contará con un plazo de tres días para replicar los argumentos, tras lo cual el juzgador estará en condiciones de emitir una resolución.
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