Reforma constitucional: el valor de las suspensiones de juzgadores de distrito
Diversos jueces de distrito han dictado resoluciones con el propósito de suspender o posponer la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia judicial, mediante la figura jurídica de las suspensiones. Dichas resoluciones tienen como objetivo evitar la ejecución del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de septiembre.
La cuestión que se plantea en una parte de la opinión pública es si dichas resoluciones deben ser obedecidas hasta que una instancia judicial superior las confirme o revoque, particularmente en un contexto inédito, cargado de emotividad y polarización, que obstaculiza un análisis sereno y ponderado, de ahí la oportunidad y pertinencia de abordar el tema. Veamos.
El principio de legalidad y la supremacía constitucional son pilares fundamentales del sistema jurídico mexicano, los cuales imponen a las autoridades la obligación ineludible de actuar conforme a la Constitución y a las leyes. Este deber adquiere una relevancia particular cuando se enfrentan a resoluciones judiciales inéditas (entendidas, pero no justificadas por la desesperación de la inmensa mayoría de los juzgadores de que se asiste a un cambio de régimen afortunadamente por la vía pacífica, pero que les afecta su estatus actual) que, de manera manifiesta, contravienen los principios contenidos en el orden jurídico vigente.
En tales casos, las autoridades responsables están obligadas a abstenerse de ejecutarlas. Esta conducta se inscribe dentro de la defensa del Estado de derecho, la jerarquía normativa y el respeto a la soberanía popular, valores consagrados en la Constitución. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado.
Esto implica que cualquier decisión judicial debe ajustarse estrictamente al marco normativo vigente. Si una resolución judicial vulnera este principio, la autoridad responsable está obligada a defender la legalidad mediante la no ejecución de esta. El principio de legalidad exige que los actos de autoridad tengan un sustento jurídico sólido, evitando que decisiones arbitrarias o contrarias a la Constitución se materializan en actos ejecutivos.
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