Reforma Judicial: ¿cómo serán las campañas de jueces y magistrados? Esto dice el dictamen
Luego de que se presentara el dictamen con algunos cambios a la propuesta de reforma al Poder Judicial que hizo en febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador, se dieron a conocer más detalles de, en caso de aprobarse, cómo serían las campañas implicadas en la elección de jueces, magistrados y ministros por la vía del voto popular.
Si bien la reforma toca otros aspectos del sistema de justicia federal, el debate más amplio está en la elección de juzgadores vía voto popular, misma que ha sido criticada porque no existe evidencia de que una reforma así pudiera en realidad garantizar un mejor acceso a la justicia.
El dictamen de la propuesta, entre otras cosas, sí advierte cómo serán las campañas judiciales-electorales: para empezar, no habrán precampañas y las campañas durarán dos meses.
De acuerdo al documento, mismo que se analizará en comisiones para después llevarlo a discusión, los candidatos a juzgadores no recibirán dinero público ni privado. Además, a diferencia de elecciones para otros poderes, donde los partidos y candidatos tienen espacios en medios de comunicación, en este caso no será así.
No sólo los candidatos a juzgadores no podrán contratar espacios en radio, televisión y otros medios de comunicación, sino que no se especifica qué sucederá con las redes sociales.
"Para todos los cargos de elección dentro del Poder Judicial de la Federación estará prohibido el financiamiento público o privado de sus campañas, así como la contratación por sí o por interpósita persona de espacios en radio y televisión o de cualquier otro medio de comunicación para promocionar candidatas y candidatos", dice el documento.
Para hacer campaña, el estado les dará acceso a spots de radio y televisión, pero además deberán participar en foros que organiza el Instituto Nacional Electoral (INE) o también podrían participar en foros realizados por la sociedad, ya sea por la vía pública o privada.
Según el dictamen, los partidos políticos y funcionarios no podrán ayudar a los candidatos, es decir, no podrán favorecerlos con comentarios o con políticas públicas que los dejen mejor posicionados ante la sociedad.
También aún faltan definir las sanciones aplicables en caso de que no se cumpla con lo dispuesto: "La ley establecerá la forma de las campañas, así como las restricciones y sanciones aplicables a las personas candidatas o servidoras públicas cuyas manifestaciones o propuestas excedan o contravengan los parámetros constitucionales legales", señala el dictamen.
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