Segob registra 60 casos de mujeres víctimas de tortura sexual; activistas urgen mayor operatividad

Violencia contra la mujer

La Secretaría de Gobernación (Segob) ha registrado 60 casos de mujeres sobrevivientes de tortura sexual que han sido incorporadas o están en proceso de integrarse al mecanismo de seguimiento y protección contra este delito, reveló el informe 2024-2025 del propio mecanismo, al que tuvo acceso Milenio.

Del total, 23 casos ya fueron validados, mientras que los otros 37 están en análisis, proceso que se ha visto afectado por la desaparición de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y la creación de la nueva Secretaría de Mujeres, lo cual ha frenado su incorporación.

"El abuso del poder por parte de autoridades de seguridad pública y fuerzas armadas, especialmente en gobiernos anteriores, ha resultado en múltiples violaciones a los derechos humanos de mujeres, incluida la tortura sexual", señala el documento oficial. Esta práctica, continúa el texto, ha sido "ocultada y normalizada" y se ha ejercido sistemáticamente en centros de detención y privación de libertad.

El informe también detalla que hay actualmente tres casos en seguimiento activo, con mesas de trabajo e intercambio de información en curso. Además, se han recibido dos nuevas solicitudes de incorporación, las cuales se encuentran en evaluación. Por otra parte, 11 solicitudes fueron rechazadas por carecer de elementos que acrediten hechos de tortura sexual.

La Segob destaca que la finalidad del mecanismo es dar respuesta a la nueva política del gobierno federal, basada en la "prevención y la garantía de justicia ante la cero impunidad", trazada por la presidenta de México.

Sin embargo, a diferencia del informe anterior (2023-2024), el documento no incluye detalles como nacionalidad, estado de origen o condición jurídica de las víctimas.

Para María Luisa Aguilar, subdirectora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el avance más relevante ha sido el reconocimiento oficial de que la tortura sexual es una práctica vigente en México. No obstante, lamentó que el mecanismo aún no sea eficaz en términos de operatividad y seguimiento de casos.

"Se ha documentado que esta práctica sigue siendo utilizada por diversas fuerzas de seguridad a nivel local, federal e incluso por elementos del Ejército. Lo que sigue faltando es una respuesta institucional sólida, una política pública clara que atienda realmente esta problemática", explicó.

Aguilar destacó como ejemplo el caso de una mujer detenida en 2015 junto a su hija por elementos de la entonces Policía Federal y la Policía Ministerial de Tlaxcala. La mujer fue víctima de golpes, asfixia y amenazas, incluyendo la amenaza de desaparecer a su bebé, hasta que fue obligada a firmar una confesión falsa. Tras casi una década privada de su libertad, quedó libre en abril de 2025, gracias a la revocación de su sentencia por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala.

El caso de dicha mujer, junto con otro presentado por el Centro Prodh en agosto de 2024, fue aceptado para su análisis por el mecanismo, aunque hasta ahora no han recibido respuesta ni avances sustanciales.

Pese a las deficiencias, Aguilar consideró positivo que más mujeres estén aceptando integrarse al mecanismo como un paso hacia la reparación del daño: "Ojalá la Secretaría de las Mujeres realmente pueda agilizar la atención a las víctimas y liderar una respuesta institucional con perspectiva de género y derechos humanos", concluyó.

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