Senado aprueba en "fast track" la nueva Ley General de Aguas entre acusaciones de acaparamiento

En un proceso exprés y con dispensa de trámites, el Senado aprobó en lo general la nueva Ley General de Aguas, con 85 votos a favor y 36 en contra, en una sesión marcada por confrontaciones entre senadores de Morena, PAN y PRI sobre la titularidad y concesiones del recurso hídrico.

La reforma tiene como objetivo reglamentar el ejercicio del derecho humano al agua y fortalecer la rectoría del Estado en el dominio y administración de las aguas nacionales, reformando, derogando y adicionando diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

El debate comenzó con confrontaciones verbales entre los coordinadores del PAN, Ricardo Anaya, y de Morena, Adán Augusto López, y se acompañó de una "guerra de carteles" en los escaños, con mensajes a favor y en contra de la ley, además de mantas desplegadas por senadoras del PAN alertando sobre la supuesta expropiación del agua y sus impactos en el campo.

Anaya criticó que la reforma impide a los campesinos transmitir concesiones de agua al vender su tierra, acusando a Morena de imponer un procedimiento unilateral. Por su parte, senadores oficialistas, como López Hernández y Gerardo Fernández Noroña, defendieron la ley y denunciaron la concentración de concesiones por parte de exgobernadores y miembros de la oposición.

Durante la sesión, se abordaron temas clave como la transmisión de derechos, prórrogas de concesiones, cambios de uso en actividades agrícolas y sanciones por traslado ilegal de agua, así como castigos más severos a funcionarios que otorguen concesiones a cambio de beneficios personales. También se establecieron candados contra el acaparamiento y se instruyó a la Conagua a implementar un programa de gestión hídrica responsable.

Entre los principales puntos de la ley destacan:

• Restricciones a transmisión de derechos: solo habrá reasignación en casos de compraventa de propiedad, herencias o fusiones, con resolución en 20 días hábiles.
• Prórrogas más claras: se podrán solicitar hasta tres años antes del vencimiento.
• Cambios de uso en actividades agrícolas: la venta de tierras no se considera cambio de uso si permanece en actividades agropecuarias o acuícolas.
• Sanciones por traslado ilegal de agua: de 3 a 8 meses de prisión según volumen.
• Castigos más severos a funcionarios: de 2 a 14 años de prisión por concesiones otorgadas a cambio de beneficios.
• Candados contra acaparamiento: implementación de un programa de gestión hídrica responsable por parte de la Conagua.

El proceso legislativo fue rápido: la Cámara de Diputados aprobó la ley a las 14:10 horas, y apenas 22 minutos después el Senado recibió la minuta, retomando los trabajos a las 16:21 horas tras un receso de casi dos horas.

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