Senado aprueba Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos en medio de críticas por concentración de poder
Con 75 votos a favor de Morena y sus aliados, y 37 en contra por parte de la oposición, el Senado de la República aprobó la creación de la Ley Nacional para Eliminar los Trámites Burocráticos, una iniciativa que busca modernizar y digitalizar los servicios gubernamentales, pero que ha sido fuertemente cuestionada por los partidos de oposición.
La senadora de Morena y presidenta de la Comisión de Gobernación, Margarita Valdez, defendió el dictamen asegurando que la nueva ley permitirá reducir costos, eliminar trámites presenciales innecesarios, optimizar recursos entre dependencias y agilizar procesos administrativos. También destacó que se favorecerán los pagos digitales y se eliminarán intermediarios, lo que —dijo— garantizará mayor transparencia y accesibilidad para los ciudadanos.
"La digitalización facilitará la vida de la gente, eliminará espacios de discrecionalidad y hará más eficientes los servicios públicos", sostuvo Valdez.
Sin embargo, la iniciativa fue duramente cuestionada por senadores de oposición, quienes acusaron al oficialismo de utilizar la ley como pretexto para centralizar el poder y controlar la información personal de los mexicanos.
La senadora panista Laura Esquivel afirmó que "lo que quieren es concentrar el poder y la información. No quieren fortalecer al Estado, quieren volverlo cada día más autoritario. Esta iniciativa no protege los datos personales, todo lo contrario, los expone".
Por su parte, la senadora priista Paloma Sánchez señaló que la ley "en apariencia, es moderna, efectiva y necesaria, pero da un paso irreversible hacia la centralización, el espionaje masivo y la muerte del federalismo".
Sánchez advirtió que la nueva normativa permitirá al gobierno administrar de forma centralizada los datos de toda la población a través de la Agencia de Transformación Digital, organismo al que se le otorgará el control total sobre los trámites y el historial ciudadano.
La también priista Claudia Anaya alertó que esta ley pone en riesgo la seguridad de la información personal y podría violar compromisos internacionales, como el artículo 19 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Además, cuestionó la viabilidad presupuestaria del proyecto. "Esta ley requerirá muchos recursos que el gobierno no tiene, por lo tanto, su implementación será deficiente", indicó.
Pese a las críticas, la mayoría oficialista celebró la aprobación de la ley como un avance hacia la modernización del Estado mexicano. No obstante, la discusión promete continuar, especialmente en el terreno legal, técnico y político, ante los cuestionamientos sobre el futuro del federalismo, la privacidad de los datos y el equilibrio de poderes en la era digital.
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