Senado declara constitucional la prisión preventiva oficiosa para extorsión, fentanilo y delitos fiscales
El Pleno del Senado de la República aprobó la declaratoria de constitucionalidad de la reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa la extorsión, el tráfico de fentanilo y las actividades relacionadas con la falsificación de comprobantes fiscales.
Durante la sesión de este martes, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, encabezó el acto formal, en el que pidió a los legisladores ponerse de pie para oficializar la declaratoria.
"Una vez computados los votos aprobatorios de las legislaturas de los estados […] la Cámara de Senadores declara aprobado el decreto", expresó Fernández Noroña, quien remarcó que con esta reforma se fortalece la lucha contra delitos graves que afectan a la sociedad.
La reforma amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, una medida cautelar aplicada sin necesidad de justificación adicional por parte del Ministerio Público, que deberá ser confirmada por un juez. Entre estos delitos se encuentran:
1.Extorsión. Uno de los ilícitos más denunciados y con alto impacto en sectores empresariales y particulares.
2. Tráfico de fentanilo y drogas sintéticas. Incluye la introducción, producción, distribución y almacenamiento de precursores químicos esenciales y sustancias prohibidas.
3. Falsificación de comprobantes fiscales. Actividades vinculadas al contrabando y la emisión de documentos apócrifos, con repercusiones en el sistema tributario del país.
La aprobación se dio tras obtener el respaldo necesario de las legislaturas de 20 estados, entre ellos Baja California, Oaxaca, Veracruz y la Ciudad de México. Ahora, el decreto se remite a la Cámara de Diputados, encargada de emitir la declaratoria final.
Esta reforma ha generado debate, ya que la prisión preventiva oficiosa ha sido criticada por organismos nacionales e internacionales, que la consideran una medida que podría vulnerar derechos humanos. No obstante, sus defensores argumentan que es una herramienta esencial para combatir delitos de alto impacto.
Críticos de la oposición cuestionaron la efectividad de esta medida, subrayando que podría dar pie a abusos del sistema judicial y ser utilizada de manera política.
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