Senado recibe iniciativa de Ley General contra feminicidio; proponen penas de hasta 70 años de prisión
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que la Cámara Alta recibió la iniciativa impulsada por la mandataria federal, Claudia Sheinbaum, para expedir una Ley General en materia de feminicidio, con el objetivo de homologar la investigación y tipificación de este delito en todo el país.
A través de redes sociales, la legisladora detalló que la propuesta contempla reformar el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución, con el fin de facultar al Congreso de la Unión para emitir esta ley general. “Analizaremos esta importante propuesta que nos permitirá legislar para que nunca más una mujer muera con violencia por el solo hecho de ser mujer”, expresó.
Entre los cambios sustantivos destaca la obligación del Ministerio Público de investigar, desde el inicio, cualquier muerte violenta de una mujer bajo el protocolo de feminicidio. Asimismo, se plantea implementar el turno continuado para garantizar investigaciones ininterrumpidas, así como reforzar mecanismos de prevención.
La iniciativa reconoce nueve razones de género para la tipificación del delito, entre ellas la presencia de violencia sexual, antecedentes de violencia, motivaciones basadas en estereotipos o prejuicios, y relaciones de poder entre la víctima y el agresor.
En materia de sanciones, se establece una pena de entre 40 y 70 años de prisión por feminicidio. La tentativa será castigada con entre la mitad y dos terceras partes de dicha pena, además de multas que van de mil a dos mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).
El proyecto también contempla 21 agravantes, como que la víctima sea menor de edad, adulta mayor, persona con discapacidad o en situación de movilidad; que el crimen se cometa frente a hijas o hijos, o que pertenezca a pueblos originarios o comunidades afrodescendientes.
De igual forma, se propone que este delito sea investigado y perseguido de oficio, y que tanto la acción penal como las sanciones y la reparación del daño sean imprescriptibles. Las personas responsables perderían derechos como la patria potestad, tutela y custodia, además de ser inhabilitadas para ocupar cargos públicos.
La iniciativa incluye la creación de unidades y fiscalías especializadas, así como la homologación de protocolos de investigación en todo el país, incorporando de manera obligatoria la perspectiva de género en cada etapa del proceso.
En cuanto a la atención a víctimas, la Ley General plantea garantizar derechos como el acceso a la verdad y la justicia, atención médica y psicológica urgente, asesoría jurídica gratuita, seguridad social para menores en situación de orfandad, y la entrega digna de los restos. También se prohíbe la difusión de imágenes de las víctimas en plataformas digitales.
En el ámbito preventivo, se contemplan medidas como atención especializada a mujeres en situación de violencia, acceso a refugios, así como el fortalecimiento de programas gubernamentales como los Centros LIBRE, las abogadas de las mujeres, los centros de justicia y la línea Mujeres 079, opción 1.
Finalmente, se prevé la creación de una Comisión Especial y un Programa Integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, además de un registro nacional de feminicidios y, en coordinación con el DIF, un padrón de niñas, niños y adolescentes en orfandad por este delito.
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