Senado recibe Plan B de reforma electoral; lo califican como “trascendental”
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, recibió este martes el denominado Plan B de reforma electoral, el cual fue entregado por el enlace de Gobernación con el Congreso de la Unión, Juan Ramiro Robledo Ruiz.
El acto protocolario se llevó a cabo a puerta cerrada y fue programado de último momento. En el encuentro también participaron coordinadores parlamentarios de Morena y el Partido del Trabajo.
Tras recibir el documento, Castillo destacó que se trata de “una propuesta trascendental” y expresó su confianza en que sea aprobada por la mayoría de los legisladores.
De acuerdo con el texto presentado la mañana de este martes, la reforma constitucional plantea la reducción de costos y privilegios dentro del sistema político. Entre sus principales puntos se establece que ningún funcionario público podrá percibir un salario superior al de la presidenta de la República.
Asimismo, se contempla ampliar los periodos para solicitar la revocación de mandato, permitiendo que este mecanismo pueda activarse en el tercer o cuarto año de gobierno, sin modificar la fecha de la elección judicial.
La iniciativa también propone ajustes en la estructura municipal, al reducir el número de regidurías —con un mínimo de siete y un máximo de 15— y limitar a una sola sindicatura por municipio.
En materia presupuestal, se plantea fijar un tope del 0.7% del presupuesto para los congresos estatales, con el objetivo de que los recursos ahorrados se destinen a obras de infraestructura pública. Además, se establece que funcionarios electorales en los estados no podrán ganar más que la titular del Ejecutivo federal y se eliminarán bonos, seguros e ingresos adicionales.
Para el Senado, el plan contempla una reducción progresiva del gasto hasta alcanzar el 15%.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó que la iniciativa busca ajustar gastos excesivos en el sistema político-electoral, con el fin de redirigir recursos a programas sociales, infraestructura, salud y educación.
Entre sus principales ejes se encuentra la reducción de privilegios en congresos locales, al establecer límites presupuestales ante las marcadas diferencias en el gasto por legislador entre entidades. Como ejemplo, se señalaron casos como Baja California, donde el costo por legislador asciende a 34.8 millones de pesos, frente a 5.1 millones en Colima.
Otro punto central es la disminución del número de regidores en los ayuntamientos, donde en algunos municipios se han generado cargos adicionales por acuerdos políticos, incrementando el gasto público.
El plan también contempla ampliar la consulta popular para incluir ciertos temas electorales, como el financiamiento público a partidos políticos, con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana.
Finalmente, se proponen cambios en la revocación de mandato, ampliando las posibilidades para que la ciudadanía evalúe la continuidad de sus gobiernos.
Sheinbaum subrayó que, aunque la reforma electoral original no prosperó, esta nueva propuesta mantiene el mismo objetivo: reducir privilegios y fortalecer la democracia participativa.
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