Suspenden a magistradas que ampararon a Eugenio Hernández para evitar su extradición a EE. UU.
El Tribunal de Disciplina Judicial suspendió a dos magistradas de un tribunal colegiado que concedieron un amparo al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, resolución que impidió su extradición a Estados Unidos.
La Comisión de Disciplina del órgano judicial informó que las magistradas Lourdes Guadalupe Ávila Tobías y Dulce Yanet Vega Camacho, integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo con sede en Ciudad Victoria, habrían emitido resoluciones presuntamente contrarias a las constancias procesales del expediente.
De acuerdo con el tribunal, en marzo de 2018 la Secretaría de Relaciones Exteriores concedió la extradición del exmandatario estatal a la Unión Americana por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. Hernández promovió entonces un juicio de amparo contra dicha determinación, el cual fue negado por un juez de distrito.
Tras esa negativa, en noviembre del mismo año el exgobernador impugnó la resolución ante un tribunal colegiado. Paralelamente, presentó una recusación contra el presidente de ese órgano jurisdiccional para que se abstuviera de conocer del caso, lo que llevó al magistrado a presentar una excusa legal.
Según el Tribunal de Disciplina Judicial, el asunto permaneció sin movimiento durante siete años. Sin embargo, a inicios de diciembre de 2025 las magistradas ahora suspendidas resolvieron el incidente de recusación y la excusa sin que el expediente estuviera listado.
Además, emitieron sentencia en el juicio de amparo, con lo que modificaron la decisión del juez federal y otorgaron la protección judicial al exgobernador para impedir su extradición. El argumento fue que la Cancillería mexicana no tomó en cuenta la opinión jurídica de un juez, la cual —indicaron— no era vinculante.
El TDJ recordó que, conforme a la normativa mexicana y a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la decisión de extraditar a una persona corresponde al Poder Ejecutivo, al tratarse de un acto relacionado con las relaciones internacionales y el principio de reciprocidad entre países.
El magistrado presidente de la Comisión de Disciplina, Rufino H. León Tovar, explicó que la permanencia de las magistradas en el tribunal podría afectar la impartición de justicia al poner en duda “su profesionalismo e imparcialidad” en los juicios de amparo de su competencia.
Por ello, el órgano disciplinario ordenó suspenderlas de su cargo y de sus funciones mientras se desarrolla la investigación iniciada por el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas. La autoridad advirtió que el proceso podría derivar en un procedimiento de responsabilidad y, en su caso, en la aplicación de las sanciones previstas por la ley.
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