TEPJF deja en suspenso cómo resolverá vacantes en elección judicial; magistraturas divididas
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dejó en pausa la decisión sobre cómo se resolverán los 45 cargos judiciales declarados vacantes por el Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que las candidaturas ganadoras fueron consideradas inelegibles por no cumplir los requisitos académicos mínimos.
Aunque el tema fue abordado en sesión pública, no hubo consenso entre las y los magistrados sobre la vía a seguir, lo que refleja las tensiones y vacíos de la reforma judicial recientemente aprobada. La resolución del caso fue postergada para una sesión especial, en la que se definirán los criterios que regirán la sustitución de estas vacantes en el Poder Judicial.
El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón presentó dos proyectos de resolución relacionados con impugnaciones a la declaratoria de vacancias. En su propuesta, argumentó que, conforme al artículo 77 de la Constitución, si se confirma la inelegibilidad de los ganadores, debe convocarse a una nueva elección en un plazo de 30 días.
No obstante, la magistrada Janine Otálora Malassis sostuvo una visión contraria, al afirmar que debe aplicarse el artículo 98 constitucional, el cual permite asignar el cargo al segundo lugar más votado del mismo género, siempre y cuando cumpla con los requisitos legales.
"Declarar vacantes 45 cargos sería dejar desprotegida la integración del Poder Judicial. Hay juzgados y tribunales que se quedarían con secretarios en funciones durante dos años", advirtió Otálora. "Esta es la primera elección judicial, debe dársele viabilidad y coherencia", agregó.
Rodríguez Mondragón rebatió que el artículo 98 solamente aplica cuando una persona ocupa el cargo y luego se declara vacante, no cuando desde el inicio se acredita su inelegibilidad. Sin embargo, ningún otro magistrado respaldó plenamente su posición.
En el primer expediente analizado, una candidata impugnó la declaratoria de vacancia argumentando que el INE no publicó la metodología para determinar inelegibilidades y que, al quedar en tercer lugar, le correspondía sustituir si el segundo tampoco era elegible. Sin embargo, la mayoría de magistrados consideró que ella no tenía legitimidad para reclamar un cargo que correspondería a otro competidor.
Otálora aprovechó el debate para insistir en que nombrar a los segundos lugares sería la vía más rápida y eficiente, evitando dejar sin jueces o magistrados a los tribunales federales por años.
En un segundo caso, otro candidato impugnó su inelegibilidad, argumentando que el INE no explicó con claridad por qué se le asignó un promedio de 7.2, por debajo del mínimo requerido. Rodríguez Mondragón propuso devolver el caso al Consejo General para que aclarara su decisión, pero la mayoría del pleno decidió que la Sala Superior lo resuelva de fondo, reasignando el proyecto a la presidenta del TEPJF, Mónica Soto.
Por ahora, el Tribunal Electoral mantiene abierta la ruta a tres posibles desenlaces:
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Convocar a nuevas elecciones en un plazo de 30 días (postura de Rodríguez Mondragón).
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Asignar los cargos al segundo lugar más votado (postura de Otálora).
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Dejarlos vacantes hasta 2027, como propone el INE.
Ni la magistrada presidenta Soto ni los magistrados Felipe Fuentes y Felipe de la Mata han definido públicamente su postura. La decisión final dependerá del análisis de decenas de casos aún pendientes en sus ponencias.
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