TEPJF ordena reactivar proceso de selección de candidaturas judiciales
Por una mayoría de votos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha ordenado al Comité de Evaluación del Poder Judicial reanudar de inmediato el proceso de selección de candidaturas para la elección judicial, reafirmando que ninguna autoridad tiene la facultad de suspender un proceso electoral ni de incumplir sus obligaciones constitucionales.
La decisión, basada en un proyecto presentado por la magistrada presidenta Mónica Soto, subraya que los Comités de Evaluación del Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo fueron creados únicamente para este proceso electoral y que, en este contexto, no son aplicables los amparos ni es válida la suspensión de elecciones. Soto advirtió que cualquier retraso en el cumplimiento de estas funciones podría vulnerar los derechos constitucionales de la ciudadanía a votar y ser votada.
"Al Comité responsable se le confirió el deber de participar y estaba impedido para retrasar la ejecución de los mandatos relativos en su función, ya que ello podría implicar el riesgo de que se incumplan los fines constitucionales en perjuicio del electorado y de la ciudadanía", destacó la magistrada presidenta.
Además, el pleno del Tribunal aprobó denunciar penalmente al juez primero de distrito del Estado de Michoacán ante la Fiscalía General de la República y el Consejo de la Judicatura. El juez había ordenado al TEPJF acatar suspensiones judiciales y abstenerse de resolver impugnaciones, lo que las magistraturas consideraron un exceso de sus atribuciones y una invasión de competencias. Soto calificó estas acciones como "órdenes nulas de derecho" y sugirió que podrían constituir un delito.
Durante la sesión, la magistrada Janine Otálora propuso hacer un exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva las impugnaciones presentadas por perfiles interesados en magistraturas electorales. Esto garantizaría que dichos perfiles no queden excluidos de la reactivación del proceso, ya que no corresponde al TEPJF resolver esas controversias.
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