TEPJF ordena reapertura de investigación contra Cuauhtémoc Blanco por violencia política de género

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó reabrir la investigación contra Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos, por presunta violencia política de género en contra de la exdiputada federal Juanita Guerra. La decisión fue tomada por unanimidad en la Sala Superior, que instruyó a la Sala Regional Especializada emitir una nueva resolución de fondo sobre el caso.
El proyecto, presentado por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, sostiene que la queja no ha caducado, como anteriormente se determinó, y que el plazo legal de un año para resolver aún está vigente. El magistrado explicó que la denunciante actuó con diligencia y agotó los recursos legales a su alcance.
"Se razona que la actora llevó a cabo todo lo que estaba procesalmente en sus manos […] Por lo tanto, no se actualiza la caducidad y el caso está dentro del plazo para que se pueda resolver el procedimiento sancionador", expuso Rodríguez Mondragón durante la sesión pública.
El conflicto se remonta a junio de 2023, cuando Juanita Guerra denunció que fue excluida deliberadamente de la organización del desfile cívico conmemorativo del 2 de mayo en Cuautla, Morelos, con motivo del CCXI Aniversario de la Gesta Heroica del Rompimiento del Sitio de Cuautla. Según la legisladora, se le negó participar en las reuniones de planeación y se le impidió colocar un templete, lo que constituyó un acto de violencia política por razones de género.
En un primer momento, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) se declaró incompetente, remitiendo el caso a las autoridades electorales de Morelos, las cuales resolvieron que no existía violencia. No obstante, en una revisión posterior, la Sala Superior del TEPJF determinó que ni el INE ni el tribunal local actuaron conforme a derecho, y que el órgano nacional debió asumir la queja al tratarse de una disputa entre una diputada federal y un gobernador.
En febrero de este año, la Sala Especializada del TEPJF decretó la caducidad del caso, argumentando que había vencido el plazo de un año para emitir resolución. Sin embargo, tras la impugnación de la exlegisladora, la Sala Superior revocó esa decisión.
La magistrada Janine Otálora respaldó el proyecto y subrayó la importancia de juzgar con perspectiva de género: "La dilación en la resolución de un caso de violencia política en razón de género es incompatible con el deber de debida diligencia de este Tribunal".
Con esta resolución, el expediente será revisado nuevamente por la Sala Especializada del TEPJF, que deberá emitir un fallo de fondo sobre los hechos denunciados.
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