Trabajadores del Poder Judicial exigen garantizar sus derechos laborales
Ante las medidas tomadas por la reducción presupuestal del Poder Judicial de la Federación (PJF), trabajadores de la institución exigieron a la ministra presidenta, Norma Piña, y a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que garanticen que sus derechos no serán afectados con la reforma judicial y pidieron dialogar con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Integrantes de los 32 Circuitos Unidos, del Primer Circuito y el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal afirmaron que la decisión del CJF de limitar al 2% las aportaciones que realiza al Seguro de Separación Individualizada (SEGSEI) y al Fondo de Retiro Individualizado (FORI) atenta contra sus derechos laborales e incumple con la reforma judicial.
“Se incumple con el artículo Décimo Transitorio de la reciente reforma judicial, en el que expresamente se indicó que los derechos laborales de todos los trabajadores del PJF no se verían afectados.
“En reiteradas ocasiones la Presidenta de la República ha manifestado expresamente en medios de comunicación nacionales que en todo momento se respetarán y no se afectarían nuestros derechos y prestaciones laborales; asimismo externó su compromiso de que ante la insuficiencia presupuestaria del monto asignado al Consejo de la Judicatura Federal por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal de 2025, en caso de no alcanzar a cubrir de manera completa las prestaciones de todas y cada uno de los trabajadores que integramos esta institución instruirá a la autoridad hacendaria correspondiente para que se hiciera una ampliación del presupuesto para este ejercicio fiscal y se entregará al Consejo a efecto de que pudiera cumplir sus compromisos de pagos de servicios al personal, entre las que se encuentran todas y cada una de las prestaciones contenidas en las condiciones generales del trabajo”, señalaron los funcionarios mediante un comunicado conjunto.
Por ello, exigieron a la ministra Piña, a la presidenta Sheinbaum y a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez que materialicen la promesa de no afectar sus derechos laborales.
“Al día de hoy, existe un déficit de al menos 6 mil millones de pesos que resultan indispensables para que el CJF cumpla con las obligaciones patronales que tiene con las y los trabajadores. Además, el mencionado déficit también acarrea la afectación de otros derechos de los trabajadores del CJF, porque ante tal insuficiencia es imposible cubrir las necesidades básicas de operatividad en una institución tan grande como lo es el PJF, lo que innegablemente afecta a los usuarios del servicio público de justicia en este país”, advirtieron.
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