Acusan activistas entorpecimiento en amparo ambiental contra POEL

La Alianza por la Defensa de la Naturaleza Aguascalientes (ADN-A), conjunto de organizaciones civiles en defensa de derechos ambientales y humanos, acusa retraso en el amparo interpuesto para modificar el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), el cual reiteran que reduce 3 mil hectáreas de conservación en el municipio capital.

De acuerdo con Alejandro Larios Barrientos, miembro de Conversa Sur y parte de la Alianza,  existe intervención de despachos jurídicos de otras entidades, los cuales, explica, han interpuesto numerosos recursos legales que pueden retrasar la resolución del amparo.

Queremos decir que Viviana Paola Pérez Preciado es una abogada del despacho corporativo Blumen con sede en Guadalajara y ha presentado nueve recursos jurídicos anómalos o sin sin respaldo legal en representación del biólogo Luis Fernando Gallardo Cabrera. (...) Él no forma parte del juicio de amparo, ni firmó la demanda; es decir, no tiene legitimidad para intervenir en el juicio. Sin embargo, con estos movimientos que no logramos comprender han retrasado el juicio, ya que el juzgado ha declarado la suspensión del procedimiento para resolverlos.

El activista agrega que, al no haber legitimidad en los recursos, la autoridad debe desecharlos para continuar con el proceso. No obstante, Larios Barrientos agrega que los recursos no se han descartado y el juicio está frenado en el Juzgado Séptimo de Distrito.

La legislación aplicable incluida la Ley de Amparo y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares obliga a los jueces a desechar de plano los recursos improcedentes como han sido estos. Sin embargo, esto no ha ocurrido.

Por su parte, Pavel Castañeda, activista que forma parte de ADN-A, plantea desconfianza por dicha instancia ante las acciones legales realizadas desde Guadalajara a un caso llevado en Aguascalientes.

Adelanta que de retrasarse el juicio, incrementa la posibilidad de acción en las zonas naturales que se buscan proteger.

No es común que una persona completamente ajena al juicio promueva nueve recursos para intentar intervenir en un proceso donde no tiene participación legítima. Debido al contexto ambiental de Aguascalientes y la importancia de este caso, exigimos que se aclare esta situación que está retrasando el juicio. Si el juicio se demora más, aumenta el riesgo de que se otorguen permisos o inicien obras que puedan causar daños irreparables.

Los ambientalistas piden respuesta por parte de los tres niveles de gobierno, incluyendo al Poder Judicial, para que no se otorguen permisos del uso de suelo mientras el juicio se desarrolla.

Exigimos, además, que se pronuncien públicamente sobre lo que está ocurriendo con el juicio del POEL y que den garantías claras de que no se otorgarán permisos mientras el juicio siga en curso. Este llamado es un mensaje firme a quienes toman decisiones, pero también una invitación a la ciudadanía a no dejar de mirar, cuestionar y actuar como actualmente lo está haciendo.

El amparo fue promovido por la ADN-A, alianza compuesta por Conversa Sur, A.C., el Colegio de Ciencias Ambientales del Estado de Aguascalientes, A.C., el Instituto Mexicano de Estudios Pedagógicos y de Posgrado, A.C. y el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, A.C.. Estas organizaciones son asesoradas por la abogada y activista Carla Escoffié. 

La Alianza reclama:

• Cambio a uso de conservación o protección por aprovechamiento en casi 3,500 hectáreas.
• Reducción de 200 a 20 metros en la distancia mínima entre actividades de aprovechamiento y áreas naturales protegidas.
• Autorización para actividades industriales sin diagnóstico ambiental, vulnerando a la rana de madriguera.
• Falta de participación ciudadana activa y efectiva en la consulta pública del POEL.

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