De nuevo, denuncian opacidad en la integración ciudadana en el Sistema Estatal Anticorrupción

Ciudadanos de Aguascalientes denuncian irregularidades y opacidad en el último procedimiento de selección para el nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana  (CPC), que va de la mano del Sistema Estatal Anticorrupción. Esto, luego de que la primera convocatoria fuera cancelada por la filtración del exámen hecho a los aspirantes y se iniciara un segundo proceso. 

Entrevistados de manera individual por BI Noticias, tres personas que participaron en la segunda convocatoria de selección -y que pidieron mantener su anonimato-  compartieron su experiencia. Sin conocer las posturas de cada uno, los tres coincidieron en señalar que el Comité de Selección designó al nuevo integrante del CPC sin tener parámetros claros que permitan justificar su decisión final. 

Uno de los aspirantes cuestionó la forma en la que el comité seleccionador determinó qué perfil sería el más adecuado, ya que no se dejó claro qué etapa del proceso tendría más valor para ellos. Es decir, la convocatoria no detalla el “puntaje” que vale la entrevista o el perfil curricular de cada uno de los participantes. 

A diferencia del primer proceso -que fue suspendido-, la última convocatoria no tuvo un exámen teórico. Para el entrevistado, el examen era una herramienta valiosa para medir los verdaderos conocimientos de los aspirantes, un filtro que pudo mejorar el método de selección para el CPC.

“En ese momento no pensé que fuera malo el que no hubiera evaluación, pensé que la habían omitido para que no ocurriera una filtración, pero el problema es que al final de cuentas también te pone en una desventaja porque si a mí me hubiera ido bien en el exámen, quizá hubiera tenido más oportunidad de ser más competitivo”, señala. 

“Hay mucho espacio para la arbitrariedad, porque al final de cuentas, tu evaluación curricular vale lo mismo que tu entrevista, cuando por ejemplo yo sí considero pues que a lo mejor el exámen valiera 50%, la valoración curricular 30% y así para evitar que la subjetividad baje un poco”. 

Un segundo entrevistado destaca el hecho de que todos los participantes lograron pasar a la segunda etapa del proceso, después de que el Comité de Selección considerara que todos los perfiles curriculares eran aptos para integrar el CPC, cuando en años anteriores no fue así. 

“Este último año lo que vimos es que todo el mundo que entró, todos pasaron a la siguiente fase, la primera fase de evaluación documental fue como un poco laxa si no es que se puede decir que ni siquiera existió porque todo aquel que se inscribió, pasó”, dice. 

Para este participante, no existe claridad sobre qué tipo de perfil debe formar parte del CPC, que, considera, debe tener cuando menos conocimientos en materia fiscal, contabilidad gubernamental, de auditoría, protección de datos personales o transparencia. 

“El cuestionamiento que siempre se ha tenido, al menos quienes hemos participado, es como que la Comisión de Selección, o como que no tiene claro o no quiere tenerlo, no tiene clara la vocación del espacio, el perfil de idoneidad y las características particulares que debe tener el comisionado”, explica.

Finalmente, menciona que los ciudadanos tienen que seguir vigilando las acciones y resultados del CPC para que no se convierta en un organismo inoperante. 

“Yo lo que creo es que entre todos los que participamos de alguna manera en esto es que la responsabilidad que tenemos independientemente de ser designados o no es darle seguimiento al sistema, que no sea ni letra muerta ni un sistema que sea inoperante, una cosa es existir y otra cosa es operar”. 

El tercer aspirante que accedió a esta entrevista indica que, si bien no cuestiona la capacidad de la persona que finalmente resultó designada como integrante del CPC, sí coincide en apuntar una falta de objetividad por parte del Comité de Selección. 

“Mis palabras no van en el sentido de desmeritar a una persona, pero sí en la falta de transparencia, la falta de certeza, la falta de objetividad y le dejaron una deuda a ese comité que seleccionó, le dejaron una deuda a la ciudadanía y al Estado, si algo se está cuidando es que las cosas sean muy objetivas, muy transparentes”, menciona. 

Para este excandidato, los responsables de este procedimiento no siguieron una línea fundada y motivada que les permitiera explicar las razones por las que descartaron al resto de los ciudadanos interesados. 

“Faltó un examen y no es porque fuera necesario el exámen, pero de alguna y otra forma tienes que medir conocimientos, entiendo que venían de un proceso desgastante pero pues ahí la falta de criterios en la segunda convocatoria es lo que hace que se tenga duda, pues”.

Por último, el ciudadano cuestiona el requisito número 5 de la última convocatoria  para la integración del CPC, que recalca que “no podrá postularse o ser considerado como candidato (...) si al momento de la emisión de la convocatoria, sea parte de algún procedimiento judicial, administrativo o de cualquier otra índole contra de la Comisión de Selección o de cualquiera de sus integrantes”. De haber caído en este escenario, los aspirantes habrían sido inhabilitados inmediatamente. 

Actualmente, el Comité de Selección está conformado por seis integrantes: su presidenta, Sandra Guadalupe Hernández Salas; el secretario técnico, Juan Manuel Martínez Sánchez; la vocera Rosa Avelina Vázquez Carreón; y los comisionados Elio César Rámos Hernández, Juan Daniel Plaza Reyes y Luis Fernando Nájera Hernández. 

Este grupo debería contar con tres integrantes más, pero la falta de conocimientos sobre las responsabilidades de este grupo o la poca difusión de las convocatorias dirigidas a la ciudadanía, ha impedido consolidar todos los cargos honoríficos.

Cinco de éstos miembros deben provenir de las instituciones de educación superior y de investigación del Estado, y otros cuatro de las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a materias de fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Los perfiles actuales representan a la Universidad Panamericana, el Tecnológico de Monterrey, Global University, el Club Rotario de Aguascalientes, la Asociación Libre de Abogados y Postulantes del Estado y el Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes.

Al ser cargos honoríficos, no pueden ser considerados como servidores públicos, por lo que la ley no contempla sanciones por posibles omisiones de su parte. Sin embargo, los miembros del Comité de Participación Ciudadana sí reciben ingresos públicos, por lo que están sujetos a la Ley de Responsabilidades Administrativas. 

“Ellos tienen el papel más importante dentro de todo el sistema, porque ellos determinan quién va a ser la persona que representa a la ciudadanía en el tema anticorrupción, como ellos determinan eso, en un momento dado, esa persona va a llegar a ser presidente”. 

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