Despiden a única trabajadora social de la Defensoría Pública en Aguascalientes; exigen su reinstalación
El pasado 23 de junio, 43 trabajadoras y trabajadores sociales del Instituto Federal de Defensoría Pública, institución del Poder Judicial de la Federación; fueron despedidos de manera injustificada, algunos de ellos a poco más de un año de poder jubilarse. Si bien 18 han sido reinstalados, aún hay 25 profesionales que no han obtenido respuesta de la autoridad, entre ellos, la trabajadora social en Aguascalientes.
Así lo indica Esmeralda Bañuelos Zendejas, presidenta del Colegio de Trabajadoras Sociales Hidrocálidas, quien refiere que la colega inhabilitada era la única que llevaba los casos de la Defensoría Pública en la entidad, por lo que ahora, según saben, la homóloga de Nayarit deberá atender la carga laboral de dos estados.
Al posicionamiento se suma Mónica Pedroza Padilla, presidenta del Centro de Capacitación para el Desarrollo Comunitario A.C (CECADEC):
一Ya no queda ninguna, era una nada más ella y ya la despidieron. Atendía a todo el estado.
一Y entonces ahora se va a compartir: Nayarit va a trabajar con Aguascalientes. Desconocemos los detalles de la logística, pero sí se nos hace descabelladísimo. Va a ser más burocrático, se van a retrasar más los casos.
Acorde con el pronunciamiento, en 2024 el Instituto de la Defensoría Pública atendió el 56.3% de casos del derecho familiar; donde aseguran que las trabajadoras sociales garantizaban temas como guardia y custodia, o pensión alimenticia.
Sin embargo, los despidos en el país podrían estar generando un rezago de más del 60%, según estiman; el cual agrava la carga laboral al contar con la mitad de personal, sentencian.
En este sentido, Bañuelos Zendejas enfatiza que, además de la reinstalación, se requeriría de casi una decena de personas para cubrir las funciones, sólo en Aguascalientes.
Ellas salían a las comunidades y promovían los servicios que la Defensoría les podía proporcionar a las personas. Era toda una estructura de trabajo para toda la población de un estado y, reitero, este es un estado chiquito. Entonces, yo me atrevería a decir que (se requiere) una (trabajadora social) por municipio; y en el Poder Judicial, mínimo, una por juzgado.
En una carta pública dirigida al director general del Instituto Federal De Defensoría Pública, Benjamín Rubio Chávez; el citado Colegio exige:
- La reinstalación inmediata e incondicional de las 25 profesionales del Trabajo Social que aún permanecen separadas de sus cargos, garantizando el pleno respeto a su antigüedad y derechos laborales adquiridos.
- El cese definitivo al desplazamiento profesional, asegurando que los perfiles operativos del Instituto sean ocupados estrictamente por personal con la acreditación académica y profesional correspondiente.
- Una mesa de diálogo abierta con la dirección general para revisar los criterios operativos que motivaron estas determinaciones, salvaguardando la dignidad de la profesión.
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