Obligan a sus trabajadores a renunciar para no pagarles liquidación: casos representan el 25% de las quejas ante conciliación en Aguascalientes

Renuncia forzada e infracciones laborales

Obligan a sus trabajadores a renunciar para no pagarles liquidación: casos representan el 25% de las quejas ante conciliación en Aguascalientes

Al menos dos de cada 10 quejas que se emiten ante el Centro de Conciliación Laboral en Aguascalientes, versan sobre renuncias forzadas ejercidas desde las empresas hacia sus trabajadores, revela la presidenta del Colegio de Economistas en Aguascalientes, María del Carmen Corchado Reyes. 

Éste fenómeno se registra de forma cíclica, principalmente en los meses de diciembre y enero, con la finalidad de evitar el pago de aguinaldos. 

“¿Cómo está la magnitud del fenómeno en Aguascalientes? Les decía, el 25 por ciento de las reclamaciones tramitadas ante los centros de conciliación laboral de Aguascalientes va a involucrar esta simulación, se le llama a simulación legal, o presiones para forzar renuncias. No es un caso aislado, es una práctica sistemática y documentada y que va en aumento, por eso es que quisimos hacer este alto aquí en el Colegio”

La práctica ilegal de la renuncia forzada, representa un ahorro de hasta el 80% para las empresas, dado que la supuesta terminación voluntaria de la relación laboral por parte del trabajador, exime al patrón del pago de la liquidación correspondiente. 

“Esto representa entre el 70 y el 80 por ciento de ahorro para las empresas, cuando exigen que se firme una renuncia en lugar de que aparezca como un despido, entonces qué es lo que ellos buscan, es ahorrarse entre el 70 y el 80 por ciento de lo que debieron pagarle al trabajador”

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES), incurren en prácticas como   retener finiquitos o entrega de forma condicional de cheques con saldo reducido. Las empresas de ‘outsourcing’ culminan proyectos con la promesa de reubicar al personal afectado y aquellas enfocadas a la manufactura incluso obligan a sus empleados a firmar de manera anticipada las renuncias desde el momento de la contratación. 

Todos estos esquemas ilegales golpean la economía familiar de las personas afectadas, pues la mayoría de los hogares no cuentan con reservas para subsistir ante estos escenarios; acuden al endeudamiento, pierden protección social o aceptan empleos de manera urgente con sueldos hasta 30% menores al que percibían. 

Corchado Reyes advierte que, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, las empresas que incurren en éstas prácticas pueden ser sujetas a multas que van desde los 5 mil 400 hasta los 540 mil pesos; el monto podría aumentar en caso de reincidencia. 

Se insta a las personas afectadas a denunciar éste tipo de prácticas y a no firmar las renuncias forzadas en tanto se resuelven los asuntos laborales.

“Esto se sanciona, la Ley Federal del Trabajo impone multas entre 50 a 5 mil UMAS, que equivale de 5 mil 400 a 540 mil pesos de multa, dependiendo la frecuencia con la que la empresa tenga estas prácticas y a veces entre los trabajadores nos damos cuenta que fuimos despedidos de esta forma, pero no nos unimos para denunciar a la empresa. Entre más número de denuncias tenga la empresa, es más fuerte la multa que se les aplica”

No obstante, reconoce, pese al marco legal, algunas empresas emplean tácticas dilatorias como no acudir a las citas de conciliación, arriesgando multas menores entre 50 a 100 UMAS, para apostar al desgaste económico del trabajador antes del plazo de caducidad de 60 días. 

Desde el Colegio de Economistas se insta a promover un paquete de políticas públicas para mitigar el impacto patrimonial, que contempla un seguro de desempleo y fondo de garantía, créditos puente a tasa cero, extensión de la cobertura social del IMSS y justicia económica eficiente, es decir, sanciones progresivas y recargos por dilación patronal, hasta embargos precautorios. 

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Editor Redacción

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