Piden transparencia y participación ciudadana en el estudio para declarar Área Natural Protegida a La Pona
La Presidenta de Salvemos La Pona, Sofía González Ponce, señala que la colaboración de la ciudadanía debe formar parte del estudio técnico. En ese sentido, propone que las autoridades gubernamentales deben hacer público el calendario del procedimientos, se convoque a especialistas y difunda toda la información ambiental disponible.
Ello implica, como mínimo, anunciar públicamente el inicio del procedimiento y su calendario. Poner a disposición de la ciudadanía toda la información ambiental y técnica que sustente el proceso. Abrir convocatorias para recibir información científica, sanitaria y técnica y de organizaciones sociales. Realizar mesas de trabajo y talleres abiertos con especialistas, comunidades y ciudadanía interesada. Construir un borrador del estudio con participación efectiva.
De acuerdo con González Ponce estas peticiones no representan una concesión de las autoridades, sino el cumplimiento de derechos reconocidos en la Constitución, la legislación ambiental mexicana, el Acuerdo de Escazú y criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de participación ambiental.
Por nuestra parte, vigilaremos cada etapa de este procedimiento y utilizaremos todos los mecanismos de participación ciudadana, transparencia y acceso a la justicia ambiental que reconoce nuestro marco jurídico para garantizar que este proceso se conduzca con apego a la ley y a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. Es deber de las autoridades incluir las voces que históricamente han dejado fuera, particularmente las de la ciudadanía organizada que realiza trabajo de base.
La organización considera que presentar la protección de este espacio como la principal acción ambiental de la actual administración puede ocultar otros conflictos socioambientales que enfrenta Aguascalientes, relacionados con el crecimiento urbano, el despojo territorial y la degradación ambiental.
Asimismo reiteran su disposición al diálogo siempre y cuando haya transparencia, acceso oportuno a la información y una participación ciudadana efectiva en la elaboración de los estudios sobre La Pona. Advierte, además, que no respaldarán mecanismos que, a su juicio, simulen la participación de la sociedad organizada sin otorgarle una incidencia real en la toma de decisiones.
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