Sin evidencia de defensa, policía que abatió a joven podría ir a la cárcel

Luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmara la detención de quien disparara a una pareja en una gasolinera de Rincón de Romos; especialistas señalan que de no comprobarse una legítima defensa al momento de abatir a otro joven, presuntamente implicado, los uniformados podrían ir a prisión.

José Luis Eloy Morales Brand, profesor e investigador de derecho penal en la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), señala a BI Noticias que a diferencia de otra tipificación de homicidios, en este caso el o los policías están capacitados. De esta manera, la pena mínima en la cárcel podría ser de 20 años, agrega.

Son policías capacitados y ellos saben el manejo del uso de la fuerza, incluído el uso de la fuerza letal; para manejar el uso de la fuerza letal se requieren claramente evidencias o motivos de que esté en peligro la vida de una persona, lo cual no es simplemente deducible. No puedes decir que por creer que te van a lesionar, que por eso lo haces. Considero que estaríamos ante un caso, una vez que se haga otra investigación, de homicidio doloso  (donde) las sanciones van de los 20 hasta los 40 años de prisión.

Morales Brand explica que el hecho de que no haya cámaras o testigos reduce el ámbito de evidencia probatoria. No obstante, garantiza que las pruebas periciales serán suficientes para comprobar si el joven que perdió la vida portaba un arma de fuego que fue usada para amenazar a los elementos de seguridad.

Portar un arma no significa agresión en automático. Un ataque en legítima defensa implica que el agresor, portando un  arma, realice actividades tendientes a agredir. Esto se puede comprobar a través de la prueba pericial, que nos va a decir si efectivamente se hicieron disparos; va a haber huellas en su ropa, va a haber huellas en sus manos, van a estar las ojivas, (van a estar) las balas que tienen relación con el arma que portaba, tendría que haber huellas digitales de la persona en el arma.

Mientras tanto, el especialista en derecho penal enfatiza que durante la investigación el policía que abatió al jóven debe de ser separado de su cargo, al menos en las funciones operativas; y recibir atención psicológica.

Al hacerse esta investigación, los elementos policiacos se separan en automático de su servicio operativo -no se le suspende el cargo- y se les traslada a servicios administrativos hasta en tanto concluya la investigación. También se les da tratamiento psicológico a los policías, no porque tengan un problema mental, sino por el hecho de que se mató a una persona.

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