Julio Iglesias demanda a la vicepresidenta española Yolanda Díaz tras acusaciones públicas
El cantante español Julio Iglesias interpuso una demanda de conciliación contra Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, por comentarios que considera “injuriosos y calumniosos” en su contra, según documentos presentados ante los tribunales civiles de Madrid.
La acción legal surge después de que Díaz, el pasado 13 de enero, compartiera en la red social Bluesky un mensaje acompañado de un reportaje sobre denuncias de dos extrabajadoras de Iglesias, que calificó como “escalofriantes testimonios abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente”.
Además de publicar el enlace, la vicepresidenta reiteró sus declaraciones durante una entrevista en televisión, en la que defendió su postura sobre los testimonios de las exempleadas, lo que según la defensa legal de Iglesias vulneró su presunción de inocencia y su derecho al honor.
La denuncia original de las exempleadas fue archivada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional en enero, al considerar que los hechos denunciados ocurrieron en el extranjero (República Dominicana y Bahamas) y España no tenía competencia para investigar dichos hechos.
Mediante la demanda, el equipo del cantante dirigido por el penalista José Antonio Choclán solicita que Yolanda Díaz se retracte “públicamente” de sus afirmaciones en los mismos medios donde fueron difundidas, que reconozca “el daño causado” y que lo indemnice por la repercusión de sus declaraciones injuriosas y calumniosas.
La demanda de conciliación es un paso obligatorio previo a la interposición de una querella por injurias y calumnias si no se llega a un acuerdo. Iglesias y su defensa afirman que, al tratarse de declaraciones hechas por un alto cargo público sin proceso judicial firme, se ocasionó un perjuicio a su reputación.
Por su parte, Díaz ha respondido públicamente que “defiende a las mujeres trabajadoras ante cualquiera que vulnere su integridad y sus derechos y no voy a dejar de hacerlo. Con denuncias o sin denuncias, las mujeres ya no nos callamos”, reafirmando su compromiso con los derechos de las personas que denuncian abusos.
El caso ha generado amplio debate social y político en España sobre el uso de expresiones públicas por parte de autoridades institucionales en situaciones en las que no se han acreditado hechos judicialmente.
Con información de AGENCIA EFE
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