Reaparece Inés Gómez Mont para hacer algunas aclaraciones
Este jueves se dio a conocer que un juez había solicitado la prisión preventiva en contra de Inés Gómez Mont por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, lo que provocó que la conductora reapareciera para tratar de defenderse.
A través de su cuenta de Instagram, la exintegrante de Ventaneando aseguró que lo publicado es falso y que los procesos legales en los que está involucrada están siendo contestados por sus abogados ante las autoridades correspondientes.
“Deseo comunicarles que es completamente falso que se haya dictado o solicitado prisión preventiva en mi contra, como incorrectamente afirma hoy la portada de Reforma. Se trata de un encabezado falaz sin sustento alguno”, se lee.
“Además, ninguna de las órdenes de arresto a que hacen referencia es nueva. Tienen más de un año y actualmente están siendo debatidas en los tribunales”, agregó.
“En algo tiene razón la nota de Reforma. Se ha repetido en la opinión pública y redes sociales que me acusan por un supuesto lavado o desvío de 3,000 MDP de un contrato público - lo cual por supuesto niego enfáticamente.“Lo dije el primer día, lo reitero y hoy lo confirma Reforma: La acusación en mi contra no es por 3,000 MDP como maliciosamente se ha dicho, sino por 14 MDP, de la cual obviamente me defiendo en los juzgados. Se trata pues de una mentira que se ha repetido una y otra vez hasta volverse verdad. ¡Ya basta!”, indicó la conductora que continúa prófuga de la justicia.
“Quiero decirles que el 30 de noviembre de 2018 celebré un Acuerdo Reparatorio de impuestos ante la FGR y pagué 13.5 MDP. No entiendo por qué desconocen ese pago. Continuaré presentando mi defensa ante las instancias judiciales a las que expreso mi respeto”, finalizó.
A pesar de que, en su momento, el pago al que hace referencia Gómez Mont indicaba que ya estaba saldado el presunto fraude fiscal, ahora la Fiscalía General de la República (FGR) desconoció el acuerdo, asegurando que la Procuraduría Fiscal de la Federación reclamó que era este organismo y no el SAT el que poseía la atribución para negociar cualquier reparación del daño.
