EE. brinda ventaja procesal a exmando de Rocha; podrá acceder a pruebas en su contra
La corte federal de Brooklyn, en Nueva York, ordenó a la Fiscalía de Estados Unidos entregar al exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, toda la información y pruebas relacionadas con el proceso penal que enfrenta, incluyendo aquella que pudiera contribuir a declararlo culpable o influir en una eventual sentencia.
La disposición fue emitida por la jueza Sarah Netburn, de acuerdo con documentos judiciales consultados por Excélsior, en el marco de la investigación que autoridades estadounidenses mantienen contra diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses presuntamente vinculados con el narcotráfico.
Entre los señalados por el gobierno de Estados Unidos figuran el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como el exsecretario de Finanzas Enrique Díaz Vega, quien también fue detenido por autoridades norteamericanas.
Mérida Sánchez compareció recientemente ante la corte federal de Nueva York; sin embargo, no se declaró culpable ni inocente, por lo que su situación jurídica permanece indefinida mientras continúan las negociaciones legales en torno a su caso.
El exfuncionario se entregó voluntariamente el pasado 11 de mayo en la frontera de Arizona y, según versiones relacionadas con el proceso, manifestó su intención de colaborar con las autoridades estadounidenses bajo la figura de testigo protegido. No obstante, especialistas señalaron que dicho beneficio no se concede automáticamente, sino que depende de negociaciones prolongadas entre la defensa y la Fiscalía federal.
Un abogado consultado de manera anónima explicó que los acuerdos de colaboración en casos de narcotráfico pueden extenderse durante meses o incluso años, debido a la complejidad de los procesos y al valor de la información ofrecida por los acusados.
La documentación judicial también revela que, hasta ahora, no existe una nueva fecha programada para audiencia, debido a que Mérida Sánchez evitó declararse inocente o culpable en su primera comparecencia.
Respecto a Enrique Díaz Vega, los expedientes de la corte no confirman formalmente su entrega a las autoridades de Estados Unidos. Además, la Oficina Federal de Prisiones (BOP) no registra actualmente su ingreso al sistema penitenciario.
Paralelamente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos definió como prioridad que las 93 fiscalías federales formulen cargos relacionados con terrorismo contra funcionarios mexicanos presuntamente ligados al narcotráfico.
De acuerdo con información difundida desde San Diego, esta estrategia marcaría un precedente, ya que por primera vez las acusaciones por terrorismo estarían dirigidas exclusivamente contra funcionarios públicos y no contra líderes históricos del narcotráfico mexicano.
Entre quienes no enfrentan este agravante se encuentran Rafael Caro Quintero, Vicente Carrillo Fuentes, Antonio Oseguera Cervantes y los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, identificados como fundadores de Los Zetas.
En contraste, los señalamientos por terrorismo ya alcanzarían a Rubén Rocha Moya, Gerardo Mérida Sánchez y otros exfuncionarios sinaloenses investigados por presuntos vínculos con organizaciones criminales.
Especialistas jurídicos indicaron que, aunque la legislación estadunidense no contempla una pena específica para el delito de terrorismo en estos casos, el agravante puede endurecer significativamente las condenas, elevando sentencias de prisión de décadas hasta cadena perpetua.
Entre los posibles delitos que podrían imputarse destacan apoyo material a organizaciones terroristas y conspiración vinculada al tráfico de drogas.
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