Juez argentino ordena captura internacional del presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo
Un juez federal argentino ordenó la captura internacional del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa Rosario Murillo, además de una docena de colaboradores, por "violaciones sistemáticas de derechos humanos" en el país centroamericano. La decisión fue anunciada este lunes por el abogado Darío Richarte, quien presentó la denuncia.
El juez Ariel Lijo resolvió la citación para que Ortega y Murillo presten declaración indagatoria y emitió una orden de detención con pedido de captura internacional. La causa se basa en el principio de jurisdicción universal, que permite a los países procesar crímenes de lesa humanidad independientemente del lugar donde hayan ocurrido.
Según Richarte, "el gobierno de Ortega y su esposa es tal vez la dictadura más sangrienta que ha existido en el continente". Los delitos que se les imputan incluyen asesinato, privación grave de la libertad, desaparición forzada, tortura, deportación o traslado forzoso de población y persecución de grupos o colectividades.
La denuncia fue presentada inicialmente ante los Tribunales Federales de Buenos Aires el 26 de agosto de 2022 por un grupo de profesores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) liderado por Richarte, con el apoyo de estudiantes de Derecho. Con el tiempo, la acción judicial se amplió a medida que se documentaban nuevas violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen nicaragüense.
Richarte detalló que también se han emitido órdenes de captura contra otros miembros de la estructura estatal, policial, militar y paramilitar de Nicaragua, considerados responsables de crímenes de lesa humanidad. La denuncia incluye un análisis del contexto social y político en Nicaragua desde abril de 2018, así como el testimonio de víctimas cuya identidad ha sido protegida.
La represión en Nicaragua ha sido ampliamente documentada por organismos internacionales de derechos humanos, que denuncian un "plan criminal" orquestado por el gobierno para reprimir a la oposición y a la sociedad civil.
Esta acción judicial se da en un contexto en el que el Congreso de Nicaragua, controlado por el oficialismo, aprobó en noviembre de este año una reforma constitucional que otorga a Ortega y Murillo un control absoluto de los poderes del Estado, consolidando su autoridad sobre el país.
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