Represión en Argentina: policía ejerce violencia contra jubilados en protesta
Diversos medios de comunicación y videos difundidos en redes sociales constataron una represión de la Policía Federal contra una manifestación encabezada por la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (UTJL) y otras organizaciones civiles.
El saldo: decenas de ancianos golpeados, a quienes les arrojaron en la cara gas pimienta con un nuevo químico que produce quemaduras, cuando rechazaban el veto del presidente ultraliberal , Javier Milei, a la ley votada por diputados y senadores para aumentarles su pensión y continuar con la movilidad, que es la actualización de los haberes de acuerdo a la inflación.
Los jubilados se concentraron este miércoles 28 de agosto frente al Congreso Nacional de Argentina y, antes de comenzar a marchar hacia la icónica Plaza de Mayo, donde se encuentra la Casa Rosada (sede del Ejecutivo), fueron reprimidos por el personal policial, que golpeó a varios de ellos. Comunicadores que cubrían el evento también se vieron afectados.
Los colectivos de pensionistas estuvieron acompañados, además, por manifestantes de distintas organizaciones sociales y políticas que se sumaron a su reclamo contra la decisión del presidente de vetar la ley, aprobada la semana pasada por amplia mayoría en el Senado.
Esta establece una fórmula de actualización mensual de las jubilaciones que combina el índice de inflación y la variación promedio de los salarios formales, más un ajuste extraordinario del 8.1%.
La represión policial se debió a que los manifestantes cortaron parcialmente la Avenida Rivadavia y rechazaron acatar la orden de regresar a la acera, tras lo cual los efectivos intentaron sacarlos por la fuerza.
Esto desató enfrentamientos, en los que la Policía utilizó gas pimienta y golpeó a algunos jubilados con porras (garrotes), en aplicación del protocolo antidisturbios dispuesto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El presidente tiene hasta diez días hábiles para llevar adelante el veto contra la reforma jubilatoria aprobada el 22 de agosto y que, según el Gobierno, implicaría un gasto del 1.2 % del Producto Bruto Interno (PBI).
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