Trump autoriza arrestos de migrantes en escuelas, hospitales e iglesias
El gobierno del presidente Donald Trump dio un paso polémico este martes al autorizar redadas migratorias en sitios anteriormente considerados "protegidos", como escuelas, hospitales e iglesias. La medida revoca una directriz de la administración de Joe Biden que restringía las detenciones en estos lugares, citando la necesidad de proteger el acceso a servicios esenciales.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó la decisión afirmando que los agentes necesitan plena libertad para hacer cumplir las leyes migratorias y capturar a los llamados "criminales extranjeros".
"Empoderamos a nuestros agentes para seguir las leyes y capturar a quienes representan una amenaza para nuestro país", aseguró un portavoz del DHS en un comunicado, aunque no presentó pruebas de las acusaciones de que delincuentes se refugian en estos espacios.
La directriz revocada, implementada en 2021 por el presidente Joe Biden, establecía límites claros para evitar arrestos en lugares sensibles. Estos incluían centros educativos, hospitales, iglesias, albergues para víctimas de violencia doméstica, funerales y manifestaciones públicas, con el objetivo de garantizar que los migrantes no temieran buscar servicios esenciales.
El memorando original subrayaba la importancia de proteger a las comunidades vulnerables: "Podemos cumplir con nuestra misión sin negar o limitar el acceso de los individuos a la comida, el albergue o la fe", se leía en el documento de 2021.
El anuncio llega apenas un día después de que Trump asumiera nuevamente la presidencia, cumpliendo su promesa de campaña de llevar a cabo la mayor campaña de deportaciones en la historia de Estados Unidos. Durante su discurso inaugural, Trump subrayó su compromiso de reforzar la seguridad fronteriza y "devolver a millones de extranjeros criminales a los lugares de donde proceden".
La medida, sin embargo, ha generado preocupación entre activistas y defensores de derechos humanos, quienes advierten que esta política podría disuadir a migrantes de buscar atención médica, educación o apoyo espiritual por miedo a ser arrestados.
Grupos de derechos humanos y líderes comunitarios expresaron su rechazo a la decisión, calificándola de inhumana y peligrosa para las comunidades más vulnerables del país.
"Esta medida no sólo es cruel, sino que pone en peligro la salud, la seguridad y la educación de miles de personas", señaló Linda Johnson, directora de la organización Human Rights Watch en Estados Unidos.
El presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, Timothy Broglio, también condenó la política: "Las iglesias son espacios sagrados y deben seguir siendo refugios para quienes buscan ayuda espiritual y apoyo en momentos de crisis. Esta decisión socava principios fundamentales de compasión y humanidad".
Expertos legales advierten que la eliminación de los "sitios protegidos" podría aumentar la desconfianza hacia las instituciones y desatar una crisis humanitaria, especialmente en comunidades con alta presencia migrante. Además, temen que esta medida provoque una mayor marginación de las personas indocumentadas, alejándolas de servicios esenciales y exponiéndolas a situaciones de mayor vulnerabilidad.
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