Venezuela reconoce muerte bajo custodia de preso político tras casi un año de silencio
Finalmente, el gobierno de Venezuela reconoció la muerte bajo custodia estatal de Víctor Hugo Quero Navas, detenido desde enero de 2025 y fallecido en julio de ese mismo año, luego de meses de denuncias de desaparición forzada impulsadas por su familia y organizaciones de derechos humanos.
A través de un comunicado del Ministerio del Servicio Penitenciario, las autoridades señalaron que Quero Navas murió el 24 de julio de 2025 tras presentar una “hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”, derivando posteriormente en una insuficiencia respiratoria asociada a un tromboembolismo pulmonar. El organismo aseguró además que el detenido no proporcionó información sobre familiares ni recibió visitas durante su reclusión, motivo por el cual fue enterrado el 30 de julio de 2025 sin notificación a sus allegados.
La versión oficial fue rechazada por la familia de Quero Navas. Su madre, Carmen Navas, de más de 80 años, recorrió durante más de un año cárceles, tribunales, fiscalías y oficinas de la Defensoría del Pueblo en busca de información sobre el paradero de su hijo. En cada institución recibió respuestas evasivas o negativas sobre su detención, incluso en el penal Rodeo I, donde posteriormente se confirmó que había estado recluido. Hasta días antes del anuncio oficial, la mujer continuaba exhibiendo fotografías de su hijo con la palabra “desaparecido”, convencida de que seguía con vida.
El caso provocó una fuerte reacción de dirigentes políticos, activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos. El director de la organización Foro Penal, Alfredo Romero, calificó el hecho como un caso de desaparición forzada y denunció que el Estado negó sistemáticamente información sobre la detención y situación del preso político, vulnerando además su derecho a la defensa.
La muerte de Quero Navas reavivó las denuncias sobre presuntas desapariciones forzadas y ocultamiento de información en Venezuela, donde familiares de detenidos políticos aseguran que las autoridades suelen negar datos sobre paraderos, condiciones de salud y estado procesal de los reclusos, en violación de estándares internacionales de derechos humanos.
Ante la presión pública y las exigencias de esclarecimiento, la Fiscalía venezolana anunció la apertura de una investigación penal y ordenó la exhumación del cuerpo de Quero Navas mediante un equipo forense especializado para determinar las circunstancias exactas de su fallecimiento y establecer posibles responsabilidades. Paralelamente, la recién designada Defensoría del Pueblo solicitó reformas profundas en el sistema judicial y penitenciario con el objetivo de combatir la impunidad y los abusos denunciados por organizaciones civiles.
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