CNDH pide al Poder Legislativo abolir la penalización del aborto
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido un llamado al Poder Legislativo para que de manera inmediata proceda a derogar los preceptos que penalizan la práctica del aborto en el Código Penal Federal. Este llamado se realiza con el objetivo de garantizar la máxima protección y respeto de los derechos de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su propio cuerpo, sin el temor de ser criminalizadas o enfrentar medidas de internamiento y prisión debido a la interrupción de un embarazo.
En un comunicado oficial, la CNDH expresó la necesidad de brindar una adecuada protección al derecho a la salud sexual y reproductiva. Esto incluye asegurar que la interrupción del embarazo sea una opción segura y accesible para todas las mujeres y personas gestantes que así lo deseen, sin poner en peligro su salud o vida en el proceso. El organismo señaló que la penalización del aborto va en contra de la dignidad de las mujeres y personas gestantes, afecta su capacidad de autodeterminación y desarrollo personal, y perpetúa roles de género que obstaculizan la igualdad sustantiva.
Asimismo, hizo un llamado a todas las instituciones de salud en el país para que proporcionen servicios médicos de alta calidad, eficaces, seguros y centrados en las personas. Esto incluye el acceso a la interrupción del embarazo cuando así lo decidan las mujeres y personas gestantes, permitiéndoles ejercer plenamente su libertad y sexualidad sin temor a ser criminalizadas o discriminadas.
Por ello destacó que ha estado siguiendo de cerca las acciones emprendidas por diversas autoridades penitenciarias en respuesta al "Pronunciamiento para la adopción de acciones urgentes a favor de las mujeres en prisión preventiva o sentenciadas que se encuentran internas en los centros penitenciarios del país por la comisión de delitos relacionados con la interrupción del embarazo, a la luz de la sentencia emitida por la SCJN" emitido en 2022. En este contexto, la CNDH exhortó a trabajar en conjunto con el Instituto Federal de la Defensoría Pública y las Fiscalías locales para garantizar que las mujeres y personas gestantes que enfrentan investigaciones ministeriales o medidas de internamiento no sean privadas de su libertad por haber ejercido su derecho a interrumpir el embarazo.
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