Congreso de NL debe reponer proceso para elegir a fiscal del estado: SCJN

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Congreso de Nuevo León deberá reponer el proceso para elegir al titular de la Fiscalía General de Justicia de esa entidad. Esta decisión surge a raíz de la violación de los procedimientos establecidos por el Pleno del Congreso, según lo determinado por la SCJN.

El origen de esta situación se remonta a noviembre de 2022, cuando los integrantes de la Comisión Anticorrupción del Congreso local decidieron modificar el requisito que exigía a los aspirantes al cargo presentar una carta de no antecedentes penales. Esta modificación, realizada por los nueve integrantes de la comisión, detuvo el procedimiento de elección del fiscal estatal.

La controversia constitucional presentada por el gobernador Samuel García en noviembre de 2022 condujo a la Segunda Sala de la SCJN a analizar el caso. Los ministros, en una decisión unánime, respaldaron el proyecto de sentencia elaborado por Luis María Aguilar Morales. Consideraron que la Comisión Anticorrupción no tenía facultades para modificar las reglas establecidas en la convocatoria para elegir al Fiscal General de Justicia del Estado.

Según la sentencia del caso, la integración de la Comisión Anticorrupción, compuesta por 9 diputados, y el Pleno del Congreso, compuesto por 26, generó una irregularidad en el proceso. Los ministros concluyeron que una minoría de diputados no podía cambiar las bases de una convocatoria emitida por el Pleno del Congreso.

Como resultado de esta decisión, se ordena la reposición del procedimiento de selección a partir de la modificación de la convocatoria. La Comisión deberá continuar con su sustanciación y emitir la lista final de aspirantes al cargo, asegurando el cumplimiento de todos los requisitos, incluyendo la presentación de la carta de no antecedentes penales.

Este fallo de la SCJN implica un revés para el proceso de elección del fiscal del estado de Nuevo León y resalta la importancia del respeto a los procedimientos establecidos en la ley para garantizar la transparencia y legalidad en los procesos de selección de funcionarios públicos.