Exhibe UIF red de corrupción de Genaro García Luna
Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, tejió una red de corrupción durante los últimos 20 años, lo que le posibilitó conseguir más de 745.8 millones de dólares mediante contratos obtenidos por compañías familiares con organismos públicos de seguridad como la Policía Federal, el Cisen y el sistema penitenciario.
Según Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), hasta el momento se han detectado 30 contratos cuyas ganancias se enviaban a paraísos fiscales y después a Miami, en donde se adquirían bienes de lujo para esconder el rastro del dinero.
Dichos recursos son los que México desea recuperar a través de un juicio que se está efectuando en Florida, Estados Unidos, independiente al que sigue en curso en Nueva York.
"Bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares y sigue el examen de otras operaciones, no hemos terminado", expresó el funcionario mexicano.
Mediante una lista parcial dada a conocer por Gómez, se muestran propiedades en las ciudades de Miami y Aventura, con valores de entre 700 mil y 4 millones de dólares, además de vehículos y motocicletas Rolls Royce, Ferrari, Maserati Levante, Lamborghini Gallardo Spyder, Lamborghini Huracán y cuatro Mustang clásicos, por mencionar algunos.
Investigaciones que permanecen en curso señalan que las personas que conforman la red de corrupción son: Linda Cristina Pereyra de García Luna, Mauricio Samuel Weinberg, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Silvia Donna Pinto de Weinberg, Natan Wander Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro, además de 18 empresas.
Por otra parte, en México, la UIF solamente bloqueó cuentas por 29 millones 920 mil 195 pesos a García Luna y 4 millones y medio a 10 compañías vinculadas con la trama de corrupción.
Gómez señaló que dicha cantidad es mínima debido al esquema de trabajo del grupo que tenía el propósito de cobrar por los contratos obtenidos y sacar el dinero del país lo más pronto posible.