Indagarán UIF, SAT e INE a Eduardo Verástegui por recibir 6.9 mdp del extranjero
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ha impuesto una multa de 144,094 pesos al actor José Eduardo Verástegui Córdoba y ha dado inicio a un procedimiento oficioso en su contra por presuntamente recibir aportaciones prohibidas del extranjero, provenientes de una organización religiosa, durante su periodo como exaspirante presidencial vía independiente.
Durante la discusión de los informes de fiscalización de los aspirantes independientes a la Presidencia, al Senado y a la Cámara de Diputados este lunes, el Consejo General del INE detectó irregularidades en el informe de gastos de Verástegui para obtener firmas de apoyo ciudadano, las cuales llevaron a la imposición de la multa y al inicio del procedimiento oficioso.
El consejero Martín Faz presentó la propuesta, la cual fue aprobada por unanimidad, para que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral inicie el procedimiento oficioso, ya que se encontraron casi 7 millones de pesos provenientes de transferencias del extranjero en las cuentas de Verástegui. Esto está prohibido tanto por la Constitución como por el artículo 380 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Según Faz, entre octubre y diciembre del 2023, Verástegui recibió 390 mil dólares, equivalente a 6.9 millones de pesos, para financiar sus esfuerzos de obtener firmas de apoyo ciudadano. En diciembre, específicamente, recibió transferencias por 75 mil dólares de una consultora política con sede en Miami llamada Partner 305 LLC.
Verástegui aseguró que los ingresos eran propios y presentó una cuenta bancaria en el extranjero a su nombre desde la cual se realizaron las transferencias. Sin embargo, cierta información fue protegida por motivos de seguridad personal, por lo que no se pudo obtener el saldo promedio ni el balance de la cuenta.
Ante estos hechos, ahora la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) efectuarán sus propias investigaciones para esclarecer la situación.
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