Suprema Corte cuenta con 132 recursos legales contra el Plan B electoral

Por lo menos 125 controversias constitucionales y siete acciones de inconstitucionalidad han sido presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra las leyes General de Comunicación Social (LGCS) y General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), que constituyen la primera fase del Plan B de la reforma electoral impulsada por Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Los municipios que promovieron controversias constitucionales y que buscan que la Corte eche abajo sobre todo la LGCS pertenecen al Estado de México, Guanajuato, Yucatán, Jalisco, Michoacán, Puebla, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Querétaro, Baja California Sur, Tlaxcala, Aguascalientes, Nuevo León y Guerrero, por mencionar algunos.

Asimismo, las acciones de inconstitucionalidad fueron presentadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), diputados y senadores de oposición, así como los partidos PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y el partido local de Jalisco "Hagamos".

Recientemente, el ministro Alberto Pérez Dayán aceptó a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por diputados y senadores y los partidos políticos.

El ministro concedió una suspensión, la cual dispone que estas reformas no se apliquen en el Estado de México y Coahuila, donde habrá elecciones este 2023.