Suprema Corte ordena a Hacienda hacer públicos contratos de Pegasus

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido una orden dirigida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), instándola a hacer públicos los contratos relacionados con la adquisición del software Pegasus, que fue utilizado durante el sexenio anterior por el gobierno federal mexicano para efectuar actividades de espionaje contra periodistas, políticos y defensores de derechos humanos.

Con nueve votos a favor y dos en contra, el Pleno de la Corte desestimó los recursos de revisión en materia de seguridad nacional presentados por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Esta última buscaba revocar la decisión del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de divulgar una versión pública de los contratos en cuestión.

El ministro Alberto Pérez Dayán, ponente del caso, sostuvo que la información solicitada no representa un riesgo para la seguridad nacional, dado que se trata simplemente de contratos y no de datos generados a través de labores de investigación o inteligencia.

En sus argumentos, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá destacó la relevancia pública del caso, al señalar que la contratación de un programa para efectuar espionaje contra la población constituye un claro ejemplo de interés público. Subrayó que esto implica el uso de recursos estatales para vulnerar los derechos humanos de los ciudadanos.

Por su parte, el ministro Luis María Aguilar Morales, quien respaldó el proyecto, señaló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fue la encargada de dar a conocer públicamente en una conferencia la existencia de esta información.

A su vez, la ministra Yasmín Esquivel Mossa también respaldó la decisión, argumentando que la adquisición encubierta de tecnologías digitales para intervenir ilegalmente en comunicaciones privadas pone en peligro el derecho humano a la privacidad, por lo que este tipo de herramientas de espionaje no tienen lugar en el orden constitucional mexicano.

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