Aprueban diputados Ley de Aguas en lo general; prevé hasta ocho años de prisión por delitos hídricos

La Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley de Aguas con 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones. La iniciativa, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, establece el derecho humano al agua, prohíbe su acaparamiento y sanciona hasta con ocho años de prisión los delitos contra las aguas nacionales.

A pesar de que la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López, se manifestó en contra del trámite en fast-track, la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados avaló discutir el dictamen con dispensa de todos los trámites.

El proyecto contempla más de 50 modificaciones en respuesta a las demandas de organizaciones campesinas. Sin embargo, el líder de la fracción morenista, Ricardo Monreal, adelantó que se realizarán más cambios durante la discusión en lo particular.

Entre los principales puntos destacan:

• Derecho humano al agua: Toda persona gozará del acceso al agua, y el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a este derecho.
• Restricciones al acaparamiento y penalizaciones: Se establece un nuevo capítulo de delitos contra las aguas nacionales, con penas de tres meses a cinco años de prisión para quienes alteren o desvíen cauces, vasos, corrientes o flujos de agua sin autorización y generen afectación directa a ecosistemas, bienes o personas. Los campesinos que utilicen el agua para fines personales, domésticos o agropecuarios familiares quedan exceptuados.
• Corrupción y dádivas: Servidores públicos o usuarios que gestionen concesiones mediante ofrecimiento o entrega de dádivas podrían recibir hasta ocho años de prisión.
• Derechos de propiedad: Se mantiene el derecho de los propietarios a vender o heredar sus tierras con la concesión de agua correspondiente, siempre que la autoridad del agua avale la reasignación mediante procedimientos expeditos en un plazo no mayor a 20 días hábiles.

La bancada priista cuestionó la adición que permite a los productores vender o heredar concesiones, argumentando que la legislación actual impide la transmisión de estos derechos.

Para Efraín Morales López, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la iniciativa tiene como objetivo garantizar el agua como un derecho humano, recuperar la rectoría estatal sobre las aguas nacionales y eliminar su mercantilización. "Con esta nueva ley, el agua deja de verse como una mercancía y se reconoce como un derecho humano, como un bien estratégico para el desarrollo del país", declaró Morales López en La Mañanera el pasado 26 de noviembre.

El ordenamiento, aprobado en lo general por Morena, PT y PVEM, busca equilibrar la protección del recurso hídrico con los derechos de los productores agrícolas, aunque sectores del campo han expresado temor ante los cambios en la gestión y supervisión de las concesiones.

Si se aprueba en lo particular, la Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales implicarían una transformación significativa en la manera de otorgar, administrar y vigilar los derechos sobre el agua en México, marcando un precedente en la justicia hídrica del país.

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