Aprueban en lo particular la primera ley secundaria de la reforma judicial
Tras un intenso debate de siete horas y media, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular las modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que regula la elección popular de jueces, magistrados y ministros. La propuesta fue avalada con 342 votos a favor y 128 en contra, y ahora será enviada al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.
Con esta aprobación, el Senado de la República tendrá la facultad de emitir a más tardar el miércoles la convocatoria para la primera elección de juzgadores, programada para el 1 de junio de 2025. El objetivo es renovar a parte de los 464 magistrados de circuito y 386 jueces de distrito mediante el voto directo de la ciudadanía.
Durante el debate en el Palacio de San Lázaro, legisladores de la oposición criticaron el método de selección por tómbola realizado por el Senado para elegir a los jueces que serán reemplazados. La panista Liliana Ortiz replicó el procedimiento con una urna giratoria en tribuna, sacando pelotas al azar para simular la "destitución" de figuras políticas como Gerardo Fernández Noroña, Olga Sánchez Cordero y Adán Augusto López.
En respuesta, el diputado morenista Jorge Carlos Acosta defendió el método, argumentando que la insaculación, o sorteo, tiene raíces históricas. "Bienvenidos a la democracia de la tómbola. En la antigua Grecia es como nace la democracia", señaló.
La nueva ley establece que jueces, magistrados y ministros serán electos por mayoría relativa y voto directo el primer domingo de junio del año correspondiente. En 2025, se elegirán la mitad de los titulares de tribunales de circuito y juzgados de distrito, mientras que el resto será renovado en 2027.
Las campañas electorales durarán 60 días y estarán estrictamente reguladas. Los candidatos no podrán gastar recursos públicos o privados en promoción ni contratar espacios en medios de comunicación. Los topes de gastos serán fijados por el Consejo General del INE.
Además, se prevé la creación de Comités de Evaluación en los tres Poderes de la Unión para seleccionar a los aspirantes a los diversos tribunales, incluidos la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y el Tribunal de Disciplina Judicial.
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