Avalan diputados dictamen que obliga al Estado a garantizar atención médica integral gratuita
Con 37 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales aprobaron este viernes un dictamen que establece la obligación del Estado de garantizar atención médica integral, gratuita y universal como parte del derecho a la protección de la salud en México. El dictamen incluye la cobertura de estudios médicos, intervenciones quirúrgicas y medicamentos como parte de esta atención.
El proyecto fue avalado en lo particular y en lo general, aunque quedaron pendientes media docena de reservas. Una de estas, propuesta por el diputado Mario Alberto Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, sugería agregar las palabras "necesarios y suficientes" para asegurar que haya una verdadera obligación de dotar de medicamentos sin que se argumente desabasto. Sin embargo, la reserva fue desechada por la mayoría conformada por Morena, PVEM y el Partido del Trabajo.
El dictamen aprobado ahora obliga a "armonizar la Constitución con los objetivos de Desarrollo Sostenible, para lograr una cobertura sanitaria universal que incluya el acceso a servicios de atención de salud esenciales y de calidad, así como facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales, seguros, eficaces, de calidad y asequibles para todas y todos".
Durante el debate, Éctor Jaime Ramírez, diputado del PAN, criticó la propuesta del Ejecutivo, señalando que es similar a una presentada en 2019 que fue aprobada sin resultados tangibles. Ramírez destacó la falta de recursos suficientes para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el IMSS Bienestar, comparándolos con otros sistemas como Pemex e ISSSTE. "Es una broma decir que el IMSS va a otorgar servicios de calidad cuando el IMSS tiene asignados por persona 9 mil pesos, y el IMSS Bienestar 4 mil pesos, cuando a Pemex son 32 mil pesos y al ISSSTE, 11 mil pesos", subrayó.
El panista también recordó que, en 2020, el Ejecutivo federal impulsó una reforma en materia de salud que fue aprobada, pero no cumplió con sus objetivos, resultando en un subejercicio de 60 mil millones de pesos el año pasado. Finalmente, enfatizó que, para que este nuevo esquema de atención gratuita sea efectivo, debería estar respaldado por términos legales claros y ser judicializable en caso de incumplimiento, similar a como funcionaba el Seguro Popular.
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