Diputados avalan endurecimiento de penas por delitos contra el ambiente
La Cámara de Diputados avaló por unanimidad reformas al Código Penal Federal para endurecer las sanciones económicas y penas de prisión contra delitos ambientales como la tala ilegal, el tráfico de especies y la descarga ilícita de contaminantes en cuerpos de agua y suelos.
El dictamen, avalado con 450 votos en el Palacio de San Lázaro, fue devuelto al Senado de la República con modificaciones, entre ellas la insistencia en calcular las sanciones económicas en días de salario y evitar redundancias en la exclusión de responsabilidad penal de campesinos, comuneros y ejidatarios que realicen actividades para cubrir necesidades básicas o de cocina tradicional.
Entre las sanciones destaca una pena de dos a diez años de prisión para quien corte, arranque, derribe o tale árboles, así como para quienes invadan, ocupen o cambien el uso de suelo en terrenos forestales. Estas penas podrían incrementarse hasta en 15 años de cárcel si se emplea violencia o armas de fuego, y hasta 20 años si las conductas afectan áreas naturales protegidas.
Asimismo, se establece una pena de dos a diez años de prisión para quien trafique recursos forestales o especies de flora y fauna silvestre, la cual podría aumentar si se trata de ejemplares en peligro de extinción, amenazados o bajo protección especial.
El dictamen también contempla sanciones de dos a nueve años de cárcel para quienes capturen, transporten o comercialicen especies marinas como abulón, camarón, pepino de mar y langosta sin autorización. En el caso de la especie totoaba macdonaldi, la pena podría alcanzar hasta 15 años de prisión.
De igual forma, se impondrán de dos a diez años de cárcel por descargar o infiltrar de manera ilícita aguas residuales, químicos o desechos contaminantes en suelos, ríos, mares y otros depósitos acuíferos. La misma sanción aplicará a quienes manejen sustancias peligrosas —corrosivas, explosivas, inflamables o tóxicas— que dañen ecosistemas, recursos naturales o el ambiente.
Al fundamentar el dictamen de la Comisión de Justicia, el diputado de Morena Julio César Moreno afirmó que las reformas fortalecen el marco legal para proteger el medio ambiente y cerrar espacios a la impunidad.
“Quien daña el medio ambiente debe enfrentar consecuencias reales, proporcionales y efectivas”, señaló, al advertir que durante años estos delitos han sido subestimados, con impactos visibles en ecosistemas y comunidades.
Por el Partido Acción Nacional, el legislador Guillermo Anaya subrayó que los delitos ambientales requieren tipos penales actualizados y sanciones disuasivas que permitan a las autoridades actuar con mayor eficacia.
En tanto, el diputado del PRI Arturo Yáñez sostuvo que la reforma envía un mensaje claro contra la destrucción del patrimonio natural del país, aunque advirtió que su aprobación no implica una tarea concluida.
“El trabajo apenas empieza. Ahora toca inspeccionar, investigar, sancionar y hacer cumplir esta ley sin excusas”, señaló, al alertar sobre el riesgo de corrupción si no se vigila su correcta aplicación.
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