Diputados de Morena proponen comisión para prevenir injerencia extranjera en elecciones

Diputados de Morena propusieron crear una Comisión Especial para el Seguimiento y Prevención del Financiamiento Extranjero, la Injerencia Digital y las Operaciones Automatizadas de Desinformación en los Procesos Electorales, con el objetivo de identificar posibles mecanismos utilizados para influir en la deliberación democrática y los procesos político-electorales de México.

La propuesta fue presentada por el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y el vocero de la bancada de Morena, Arturo Ávila, quienes plantearon que el órgano legislativo investigue, con evidencia y dentro del marco legal, quién financia, quién opera, desde dónde y con qué propósito determinadas operaciones digitales orientadas a incidir en la conversación pública.

Los legisladores señalaron que la revisión adquiere relevancia ante antecedentes de posibles operaciones de comunicación e influencia política registradas en distintos países de América Latina.

Entre los casos mencionados se encuentra el papel que, según los legisladores, se ha atribuido a La Derecha Diario en el avance de fuerzas políticas de derecha en Bolivia, Ecuador, Argentina, Honduras y Chile. Estos señalamientos, precisaron, deberán ser objeto de las verificaciones correspondientes y no representan por sí mismos una determinación de responsabilidad.

Gutiérrez Luna advirtió que el desarrollo de nuevas tecnologías ha transformado la manera en que se desarrolla el debate público, pero también ha generado nuevas herramientas para intentar manipularlo.

“Estamos viviendo la era digital y, dentro de esta, también se tiene que cuidar la democracia. No podemos permitir que bots, dinero extranjero o estructuras digitales coordinadas pretendan fabricar tendencias, manipular la conversación pública o influir en la voluntad de las y los mexicanos”, afirmó.

El legislador señaló que entre los mecanismos que podrían utilizarse para alterar artificialmente la conversación pública se encuentran perfiles no auténticos, trolls, campañas de desinformación, publicidad digital y redes coordinadas de amplificación.

No obstante, sostuvo que la defensa de la democracia debe realizarse sin afectar derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información.

“Por eso, no podemos permitir que sean manipulados, distorsionados o utilizados para alterar deliberadamente la conversación pública. La defensa de estas libertades seguirá siendo irrenunciable, pero también vamos a evidenciar con pruebas y dentro de la ley a quienes pretendan utilizarlas para engañar, manipular o intervenir en la voluntad de las y los mexicanos”, expresó.

Arturo Ávila respaldó la creación de la comisión especial y afirmó que la defensa de la democracia debe responder a los nuevos desafíos derivados de las tecnologías digitales.

El legislador planteó que el Congreso revise la posible participación de recursos, actores o estructuras extranjeras que busquen incidir artificialmente en la conversación pública o en los procesos electorales mexicanos.

Sin embargo, subrayó que cualquier investigación deberá sustentarse en evidencia, respetar la Constitución y garantizar la libertad de expresión, el ejercicio periodístico, la opinión política y la crítica.

También pidió evitar que se prejuzgue sobre la responsabilidad de personas, instituciones o plataformas digitales antes de contar con elementos que acrediten alguna conducta irregular.

Los legisladores señalaron que recientemente se han documentado señalamientos sobre la existencia de ecosistemas digitales capaces de amplificar contenidos y modificar artificialmente las conversaciones en redes sociales. Aclararon que dichas afirmaciones deberán someterse a las verificaciones correspondientes.

“La democracia se defiende con instituciones, con evidencia y con transparencia. No podemos permitir que intereses externos o estructuras digitales pretendan decidir por las y los mexicanos”, establecieron.

La comisión especial tendría facultades para convocar a autoridades, especialistas, académicos, organizaciones de la sociedad civil, plataformas digitales, empresas tecnológicas y medios de comunicación con el propósito de recopilar información y formular propuestas.

Entre sus principales tareas se contempla:

• Elaborar un diagnóstico sobre la propaganda digital político-electoral.
• Identificar riesgos relacionados con operaciones automatizadas y redes digitales coordinadas.
• Analizar posibles mecanismos de financiamiento y coordinación transnacional.
• Revisar la eventual participación de operadores extranjeros en campañas digitales.
• Detectar posibles esquemas destinados a generar artificialmente tendencias o difundir desinformación.
• Formular propuestas legislativas para fortalecer la integridad de los procesos electorales.

La iniciativa busca, de esta manera, que la Cámara de Diputados establezca un mecanismo institucional para analizar las nuevas formas de influencia digital y prevenir que recursos o estructuras extranjeras puedan intervenir de manera irregular en la conversación pública o en futuros procesos político-electorales del país.

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