Diputados discutirán prohibición de vapeadores y uso ilícito del fentanilo la próxima semana

La Cámara de Diputados debatirá la próxima semana dos reformas constitucionales clave: la prohibición de cigarrillos electrónicos y vapeadores, así como el control de precursores químicos y el uso ilícito del fentanilo. También está prevista la discusión de una reforma en materia de austeridad republicana para garantizar que ningún servidor público perciba un salario superior al de la Presidencia de la República.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, confirmó que estas reformas serán prioridad en el Pleno, junto con la posible revisión de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. "Las dos reformas que la próxima semana vamos a deliberar y, en su caso, aprobar, son la relativa a la prohibición de vapeadores y la de austeridad", señaló.

La reforma de protección a la salud, inicialmente propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, incluye sanciones para:

-Cigarrillos electrónicos y vapeadores. Toda actividad relacionada con su fabricación, distribución y venta será prohibida.

-Sustancias tóxicas y precursores químicos. Se busca limitar la producción y comercialización de componentes utilizados para fabricar drogas sintéticas, con énfasis en el fentanilo, una sustancia asociada a la crisis de salud pública por opioides.

El dictamen estipula un plazo de 180 días para que se armonice el marco jurídico y 365 días para que los congresos estatales realicen los ajustes legales necesarios.

En paralelo, el proyecto de austeridad plantea modificaciones a seis artículos constitucionales con el objetivo de limitar los salarios de los servidores públicos. Ningún funcionario, incluidos jueces, magistrados y ministros, podrá ganar más que la Presidencia de la República.

En 2024, el sueldo máximo quedaría establecido en 2 millones 892 mil pesos anuales, equivalente a 73.04 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Este tope refuerza el compromiso con la austeridad del sector público, según el dictamen.

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