Gobernadores de las 32 entidades solicitan no eliminar la prisión preventiva oficiosa
Los gobernadores de todos los estados de México han presentado un Amicus Curie ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dirigido a la presidenta del Alto Tribunal, Norma Piña Hernández, advirtiendo sobre las consecuencias que tendría la eliminación de la prisión preventiva oficiosa.
En el documento presentado ante la Corte, también solicitan a la ministra mantener la supremacía constitucional sobre cualquier norma internacional, en referencia a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que declaró inconvencional dicha medida cautelar.
Los 32 mandatarios estatales han expresado su preocupación de que la eliminación de la prisión preventiva oficiosa tendría un grave impacto en la seguridad pública del país.
Según lo expresado por los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la restricción propuesta se refiere a delitos de alto impacto y clara repercusión social que originalmente fueron considerados graves.
El comunicado también destaca que la prisión preventiva oficiosa es una herramienta clave en la política de combate al crimen, permitiendo garantizar un proceso penal adecuado, proteger a las víctimas de los delitos, evitar la impunidad y asegurar la reparación de los daños causados por los delitos.
Se prevé que la Corte discuta un proyecto que no únicamente propone la inaplicación de la prisión preventiva oficiosa, sino también la negación de órdenes de arraigo y la orden de una investigación independiente en casos de denuncias de tortura, en la cual no participen autoridades penitenciarias ni de detención.
En caso de que la propuesta sea aprobada, tendrá efectos generales y deberá ser acatada por todos los jueces del país, tanto del fuero común como del federal.
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