Guanajuato rechaza por quinta vez la despenalización del aborto en sesión histórica
En una sesión histórica, el Congreso del Estado de Guanajuato rechazó por quinta ocasión la iniciativa para despenalizar el aborto voluntario, con 19 votos a favor y 17 en contra, entre gritos de "Guanajuato es provida".
La votación de este jueves 4 de diciembre puso sobre la mesa tres dictámenes: dos presentados por el grupo parlamentario de Morena —por las diputadas Eugenia García Oliveros y Edith Moreno Valencia— y uno por la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Alicia Pedroza. La iniciativa buscaba reconocer la autonomía reproductiva de las mujeres, entendida como la capacidad de tomar decisiones libres e informadas sobre su vida sexual y reproductiva.
De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), los derechos vinculados a la autonomía y la integridad corporal garantizan que mujeres y niñas puedan decidir sobre su vida reproductiva, mientras los gobiernos tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir esos derechos, asegurando acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad y sin discriminación.
La iniciativa planteaba que mantener el aborto como delito perpetúa el estigma, puede retrasar la atención médica y no reconoce una realidad social que, bajo regulación, permitiría proteger a las mujeres y personas gestantes. Actualmente, en Guanajuato, el aborto inducido sigue tipificado como delito, con sanciones de seis meses a tres años de prisión, salvo en casos de violación o riesgo para la salud de la mujer.
La diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco argumentó que la Suprema Corte de Justicia ha señalado que el Código Penal del estado vulnera derechos fundamentales, por lo que instó al Congreso a reformarlo para evitar la criminalización de las mujeres y disminuir la mortalidad materna. "Busco justicia y dignidad, que se nos deje de criminalizar y perseguir", afirmó.
En contraparte, la diputada Karol Jared González Márquez defendió la permanencia del marco legal vigente, centrado en la protección de la vida desde la concepción. Señaló que mantener las disposiciones actuales permite a las autoridades actuar ante posibles casos de explotación o abuso, y que no existen mujeres encarceladas por abortar en el estado. "No se trata de restringir libertades, sino de mantener herramientas legales que protejan a las mujeres de quienes las explotan o abusan", subrayó.
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